Los movimientos sísmicos de la semana pasada llenaron de angustia a muchos guatemaltecos, especialmente a quienes vivimos el devastador terremoto de 1976. En aquel entonces, pasamos días de dolor por las pérdidas humanas, la destrucción de viviendas e infraestructura, y la incertidumbre. Sin energía eléctrica, agua, ni comunicación, las familias guatemaltecas se unieron a sus vecinos solidariamente. El terremoto ocurrió de madrugada, eso lo hizo más aterrador. Los perros ladraban antes de cada réplica, y el silencio era interrumpido por el crujir de la tierra.

Con orgullo recordamos los lemas “Guatemala está de pie” y “Juntos podemos”, y fue alentador que la sociedad entera apoyara a la gente y a la reconstrucción del país. Una verdadera acción colectiva, desinteresada y decidida.

Por eso, lo que estamos viviendo hoy indigna. Mientras miles de guatemaltecos enfrentaban pérdidas y daños materiales, sindicalistas del magisterio y de la salud bloquearon el país durante dos días, exigiendo más privilegios y aumentos salariales, sin el mínimo gesto de empatía hacia la población afectada. En plena emergencia nacional, mostraron egoísmo y mezquindad.

La situación de la educación pública está poniendo en riesgo el futuro de miles de niños y jóvenes. Antes de la pandemia ya existían enormes retos en calidad y cobertura; hoy, las brechas de aprendizaje se agravan, este 2025 será recordado como el año de la “pandemia sindical”. En lugar de avanzar con la tecnología y preparar a las nuevas generaciones con las competencias que les permitirá un mejor nivel de vida, seguimos atrapados en demandas sindicales sin beneficio para los estudiantes.

Muchos maestros son admirables, pero la pérdida de vocación es enorme. Ver a algunos “maestros” holgando en la plaza pública, dañando el patrimonio y exigiendo aumentos bajo la excusa de defender la educación, es chocante. Los estudiantes son la razón de ser, y hoy sus derechos están siendo ninguneados por quienes deberían ser sus mentores. Ya a dos meses de paro y no se ve una solución de corto plazo. Aunque no todas las escuelas están en paro, miles de niños y jóvenes no han recibido clases.

Esto reclama la acción de la justicia. El concepto de “asamblea permanente” no existe en la ley: es abandono de labores. El Ministerio Público debe actuar y acatar las resoluciones judiciales y encausar a los maestros indolentes y desobedientes. A la Corte de Constitucionalidad le compete jugar un papel histórico y poner fin a este abuso sin límite, y recuperar la institucionalidad del Ministerio de Educación, como órgano rector del sistema educativo” —como lo señala la Constitución—; de lo contrario, el país entero quedará sometido a los lineamientos de sindicalistas que no buscan mejorar el aprendizaje de los estudiantes, sino acrecentar un poder que nunca les fue delegado por el pueblo.

Esto obliga a una reflexión más amplia: ¿hacia dónde vamos como sociedad? Cada año pagamos más impuestos y recibimos menos servicios. En 2024, de cada Q100 del presupuesto, Q73 se destinaron a funcionamiento, y apenas Q8 a inversión. La masa salarial sigue creciendo, los pactos colectivos otorgan aumentos salariales, bonos y privilegios, y la tecnocracia desaparece. El botín de empleo está devorando al país y la población no despierta.

En los momentos más duros, el país ha demostrado su capacidad de solidaridad. Pero hoy, la ambición disfrazada de lucha social pone en riesgo el presente y futuro de la niñez y la juventud. Recuperar el rumbo exige carácter, integridad y justicia. Guatemala no puede seguir temblando por culpa de quienes abandonan su deber.