Ambiente y salud pública: deuda que no puede seguir postergándose

Se esperaría que, en lo que va del siglo XXI, las pandemias y los fenómenos meteorológicos extremos nos hubieran concientizado que nuestra supervivencia depende de las acciones que emprendemos. Sin embargo, la realidad demuestra que las respuestas siguen siendo insuficientes. El deterioro ambiental se ha profundizado, mientras persiste la brecha entre las lecciones que dejan las crisis y la práctica real, marcada por un modelo extractivo, el desorden urbano y la debilidad institucional.

Basta observar la pérdida acelerada de cobertura forestal, impulsada por el avance de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, los monocultivos y la tala ilegal y la minería. A ello se suma la contaminación de numerosas cuencas hidrográficas por aguas residuales sin tratamiento y agroquímicos. Guatemala también está expuesta a fenómenos meteorológicos extremos, como sequías, huracanes y tormentas tropicales. La degradación de los bosques y suelos reduce la capacidad natural del territorio para amortiguar sus efectos y aumenta la vulnerabilidad ante inundaciones y deslizamientos. El crecimiento urbano desordenado, el incremento del parque vehicular y la acumulación de desechos de todo tipo agravan este panorama.

Las consecuencias no son exclusivamente ambientales. El perfil epidemiológico guatemalteco refleja una doble carga de enfermedad: por una parte, persisten las patologías asociadas a la pobreza, el saneamiento deficiente y la falta de servicios básicos; por otra, aumentan los riesgos relacionados con la contaminación y el cambio climático.

Entre los problemas de salud destacan las enfermedades transmitidas por vectores, las enfermedades diarreicas agudas, las parasitosis intestinales y otras infecciones favorecidas por las deficiencias de agua potable y saneamiento. También deben considerarse las infecciones respiratorias, enfermedades crónicas como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), los problemas nutricionales y la enfermedad renal crónica de causas no tradicionales. Aunque sus causas son diversas, estas afecciones evidencian la interacción entre las condiciones ambientales, sociales y sanitarias.

En medio de esa tragedia, la respuesta del Sistema Nacional de Salud continúa siendo insuficiente para prevenir y controlar muchos de estos problemas. Las limitaciones en vigilancia epidemiológica, cobertura y atención oportuna, contribuyen a que sus consecuencias persistan, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables.

El deterioro ambiental no actúa de forma aislada: constituye un determinante de la salud que interactúa con las condiciones económicas y sociales. La degradación de los bosques, los suelos y las cuencas, junto con la contaminación del agua y la exposición a sustancias tóxicas, reduce la resiliencia comunitaria y amplifica los riesgos sanitarios. Así, los fenómenos ambientales pueden desencadenar emergencias periódicas, pero también perpetuar problemas de salud que afectan cotidianamente a la población.

Ante las próximas campañas electorales, corresponde exigir a los candidatos compromisos serios y verificables. La gestión integral de la tierra y el agua debe convertirse en una prioridad de Estado, junto con el fortalecimiento de los servicios públicos, la prevención sanitaria y la capacidad de las comunidades para afrontar los efectos del cambio climático.

Esto requiere también un compromiso firme del Congreso de la República para impulsar las medidas legislativas necesarias: una gestión integral del agua respaldada por un marco legal adecuado, el fortalecimiento de la legislación sobre cambio climático, el ordenamiento territorial efectivo y una fiscalización ambiental que incorpore explícitamente la protección de la salud pública.

El futuro de las nuevas generaciones está ligado al equilibrio ambiental y al bienestar de la población. Proteger los ecosistemas, prevenir las enfermedades y fortalecer las instituciones, no son tareas independientes, sino responsabilidades inseparables. Guatemala debe decidir si seguirá reaccionando ante cada desastre o si transformará las lecciones acumuladas en políticas públicas y acciones concretas.