Guatemala necesita corregir su rumbo. Eso pasa por enfrentar la corrupción, mejorar la seguridad en las calles y reactivar el desarrollo económico, social y político.

El pulso ciudadano levantado en enero por la Fundación Libertad y Desarrollo y CID Gallup es claro. Ocho de cada 10 personas perciben que el país va por el camino equivocado, en un ambiente de inconformidad comparable al del último año del gobierno anterior, uno de los más altos registrados en la última década.

En materia económica, la preocupación por el costo de la vida sigue siendo relevante, aunque menos importante que en años previos: 44% considera que ha aumentado mucho, una mejora frente a 2023, cuando dos tercios afirmaban que el incremento había sido fuerte. A nivel del hogar, 41% opina que su situación económica ha mejorado respecto del año anterior, aunque una tercera parte considera que su situación empeoró.

La seguridad vuelve a colocarse entre las principales preocupaciones de los hogares. La proporción pasó en un año de 15% a 32%, desplazando al costo de la vida por primera vez en ocho años. También crece la percepción de que el crimen y la delincuencia han aumentado en la comunidad. La encuesta registra una reducción en robos y asaltos desde 2020, posiblemente la preocupación ciudadana hoy se concentra en hechos de violencia distintos, más visibles y difíciles de contener.

Según datos del CIEN, en el último año, los homicidios comenzaron a subir, pasando de 16.1 a 17.3 por cada cien mil habitantes. También hubo más denuncias por personas lesionadas; el aumento fue del 23%. Aunque las cifras puedan parecer técnicas, para muchas comunidades tristemente estos números se sienten en carne propia.

La corrupción, por su parte, sigue a la cabeza entre los problemas que más molestan a la población. Un 32% la ubica por encima de la delincuencia, las drogas (25%) e incluso del desempleo (21%). Aunque el 87% dice no haber vivido un acto corrupto directamente, la mayoría siente que sí afecta a sus familias. Y no lo ven como algo que deba normalizarse.

Hay una alta percepción de corrupción de las autoridades. A nivel institucional se percibe a los diputados como los más corruptos, seguidos de los jueces y miembros del Ministerio Público; luego los alcaldes y, por último, el presidente.

El contraste generacional y territorial es revelador. Los jóvenes entre 18 y 24 años muestran una mayor tolerancia relativa frente a prácticas corruptas, mientras que entre los mayores de 40 predomina un rechazo más firme, acompañado de escepticismo sobre la existencia de sanciones reales. Los niveles más altos de optimismo se concentran en el área metropolitana, especialmente entre hombres de 25 a 39 años.

Sobre el presidente, dos de cada tres personas no aprueban su gestión, y tres de cada cuatro creen que tiene poca o ninguna capacidad para enfrentar los problemas que afectan a las familias. En servicios públicos, ningún sector medido alcanza resultados positivos, y la seguridad se convirtió en el peor evaluado.

El estudio refleja un fuerte desapego ciudadano hacia la política. El 87% no se identifica con ningún partido y solo una cuarta parte manifiesta interés en los asuntos políticos. Cerca de la mitad considera indiferente vivir bajo un régimen democrático o uno autoritario (48%), mientras poco más de un tercio (37%) afirma que la democracia es preferible.

Guatemala aún tiene margen para corregir el rumbo. Las mejoras aisladas son insuficientes frente a la situación. El cambio exige decisiones claras: eficiencia en la gestión pública, combate efectivo a la corrupción y fortalecimiento de la seguridad. ¡No más promesas ni discursos! Es momento de gobernar y cumplir la ley. La participación e interés de la ciudadanía en política es fundamental.