Nuestros abuelos fueron capaces de construir el estadio Doroteo Guamuch Flores, rodeado de toda una ciudad olímpica. Construyeron el Palacio Nacional de la Cultura, la sede de Correos y Telégrafos y otros edificios emblemáticos de toda una era. Hoy en día, no somos capaces, siquiera, de mantenerlos y remozarlos.

En la conjunción de la avenida Bolívar, la calzada Roosevelt, la calzada Aguilar Batres y el bulevar Liberación, nuestros padres, adelantándose a la densidad de tráfico de sus tiempos, fueron capaces de construir El Trébol y el puente Belice, enlaces fundamentales de la ciudad capital con los municipios aledaños y el resto del país. Hoy en día no somos capaces ni de desarrollar distribuidores de tráfico de la mitad de la magnitud del Trébol ni de mantener y ampliar el puente Belice.

Nunca en nuestra historia ha habido presupuestos estatales tan cuantiosos. Las tecnologías de la información, digital y de las telecomunicaciones, al igual que los avances en la industria de la construcción —que han convertido varias zonas de la Ciudad de Guatemala en una urbe vertical en apenas 20 años—, y la expansión notable de las actividades financieras, debieran facilitar todavía más el desarrollo de infraestructuras públicas en las diversas modalidades que existen por doquier: gestión estatal directa, concesiones, asociaciones público-privadas, gestión privada, etcétera.

Y, sin embargo, no somos capaces de igualar a nuestros abuelos ni a nuestros padres. ¿Por qué?

No pretendo agotar esa cuestión en doscientas palabras, pero creo que la clave está en el fracaso de nuestro estado de Derecho. Es decir, el erróneo diseño constitucional de las instituciones de control de legalidad y justicia y el descubrimiento de sus vulnerabilidades por grupos de interés y redes de defraudación sistemática de la Hacienda Pública, han ganado tanto terreno que han llegado a dominar los procesos políticos y administrativos del Estado y sus principales instituciones.

La arquitectura constitucional de Guatemala generó procesos de postulación, designación y elección de los principales órganos de investigación, control y justicia (ordinaria, electoral y constitucional) tan vulnerables a la acción de los grupos de interés y las redes de corrupción, que en cosa de cuatro décadas han tomado el poder.

Dos de los síntomas más recientes de esta situación son la estructura financiera y de gestión del Presupuesto General Ingresos y Gastos del Estado para 2026 y el hecho de que el reemplazo de las máximas autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala se haya estancado. Lo primero no es más que otra “piñata” llena de dulces, chocolatinas y bombones para muchos de los que defraudan la Hacienda Pública, y lo segundo pone de relieve que, a la “torre de marfil”, a la “Academia Carolingia” ya no interesa la ciencia, la técnica o la filosofía, sino “el poder”.

Esta realidad se ha ido fraguando a lo largo de no menos de tres décadas y ha llegado a niveles increíbles. La propia cúpula del Organismo Judicial se enfrasca en luchas de poder. No cabe duda de que, cuando hace unos 10 años las élites negaron su respaldo a la reforma constitucional de la justicia, no imaginaban que el río de la corrupción iba a desbordarse arrasando todo lo que se pusiera enfrente. Pero nunca es demasiado tarde para rectificar.