Lo que estamos viendo hoy es la instrumentalización de las instituciones estatales de justicia para criminalizar a los enemigos del Pacto de Corruptos.
Las y los presos políticos son personas que han sido encarceladas, principalmente, porque a funcionarios con mucho poder del gobierno de turno, en sus respectivos países, no les gustan sus ideas o actividades políticas. Esas personas son consideradas enemigas. Casi siempre, son detenidas sin haber cometido delitos comunes ni violentos, solo con el fin de neutralizarlas. Activistas, periodistas, líderes sociales y comunitarios, abogadas y abogados, defensores de derechos humanos, todos caben en esa descripción.
Luis Pacheco y Héctor Chaclán llevan más de 370 días en prisión preventiva.
En términos de una justa-justicia, esta detención se considera una forma de represión. Históricamente, Guatemala abunda en este tipo de ejemplos, porque eso solo sucede en países que, como el nuestro, no alcanzan un grado democrático que permita un juego político plural y el libre intercambio de ideas, garantizando los derechos humanos de toda la ciudadanía. Ya Luis Cardoza y Aragón, en su obra Guatemala, las líneas de su mano, calificó a nuestros déspotas de “nulos, sangrientos y fecales”. Cito, literalmente, lo dicho por él: “Los déspotas guatemaltecos no admiten competencia. La colección en América es como la de un parque zoológico, muy matizada y abundante”.
Absurdo que esos calificativos sigan tan vigentes hoy, cuando se piensa, no solo en los dictadorcitos de los países tropicales, sino también en los ideólogos, dueños, operadores y lacayos de un Pacto de Corruptos como el que insiste en mantener a Guatemala sometida y a sus enemigos, muertos, en el exilio o en la prisión. Es el caso de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, que llevan más de 370 días en prisión preventiva. El Ministerio Público los acusa de cinco delitos: obstrucción de la justicia, sedición, terrorismo, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal. El chiste se cuenta solo, porque lo que ellos hicieron fue ser parte de un paro pacífico de más de 100 días, que molestó mucho, en el 2023, a los “nulos, sangrientos y fecales” que no querían a Arévalo en el poder. Ese fue el castigo a los líderes indígenas por defender la democracia.
La jueza Carol Patricia Flores los envió a la cárcel el 25 de abril de 2025, y el caso sigue estancado hasta el día de hoy, con retrasos maliciosos y con excusas de jueces como Fredy Orellana para no conocerlo, no sin antes darles otro tiempito en la cárcel, hasta septiembre próximo. Un sistema judicial completo ha sido utilizado para detener, reprimir y castigar arbitrariamente a Pacheco y Chaclán. La organización comunitaria de pueblos originarios a la cual ellos representan no puede ser definida y ni siquiera comparada con una estructura del crimen organizado, como quieren los señores del mal, además de que nuestra Constitución garantiza el derecho a la manifestación y la protesta pacíficas, sin que ello deba ser reprimido.
Lo que estamos viendo hoy es la instrumentalización de las instituciones estatales de justicia para criminalizar a los enemigos del Pacto de Corruptos, enquistado en las entrañas del Estado. Periodistas encarcelados, abogadas y abogados perseguidos, jueces exiliados, todos son parte de este corrupto sistema de justicia que nos impide tener un Estado de derecho y lleva a inocentes a prisión, mientras los verdaderos criminales siguen sueltos. Cierro con un fragmento de la carta que cientos de organizaciones, personas y autoridades indígenas enviaron a Pacheco y Chaclán hace pocos días: “Les encerraron para enviar un mensaje, para sembrar miedo, para advertir que cualquiera que alzara la voz sería castigado de la misma manera. Pero lo que lograron fue que más personas alzaran la voz para apoyar a las Autoridades Indígenas que representan el honor de sus pueblos y que siempre han denunciado las injusticias. A un año de prisión injusta, queremos que sepan que seguimos caminando a su lado. (…) Hoy, nuevamente, caminamos junto a los 48 Cantones de Totonicapán y las Autoridades Indígenas Ancestrales para pedir su libertad y solidarizarnos con su familia y su comunidad. (…) Seguimos con la esperanza de que esta injusticia termine y se confirme su inocencia. Así como la de tantas otras personas que han sido perseguidas, encarceladas e incluso obligadas a exiliarse por luchar por un mejor país”.