¿Cómo explicar el impacto provocado por la actitud de Walter Ramiro Mazariegos Bioles y sus principales colaboradores con Luis Fernando Cordón Lucero, Astrid Elizabeth García Castillo, en los cargos de rector, secretario general y directora de asuntos jurídicos respectivamente, así como de otras personas integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU)?

Tres etapas o fases se pueden identificar de 2022 a 2026. Es decir, desde el primer fraude en 2022 y todos los amparos desestimados de entonces; una segunda etapa dividida a su vez en dos momentos, la ocupación de las instalaciones universitarias del 27 de abril de 2022 al 9 de junio de 2023, con la intención de recuperar la verdadera autonomía, para luego pasar a la criminalización devenida a continuación, con procesos absurdos que implicaron cárcel y exilio para las personas víctimas de esa judicialización antojadiza prevaleciente en el pasado reciente y así llegar a los amparos en curso para impedir lo que el pasado uno del mes en curso comenzó como el “segundo rectorado” de Mazariegos y adláteres.

Ante esta última fase, La Hora identificó en el propio 1 de julio de este año, cinco razones cuyo impacto inciden en la infamia alrededor de las actitudes de unas cuantas personas cuyo poder muy probablemente se sustenta en ese oneroso presupuesto de la universidad cuya danza de millones de quetzales en tan solo los últimos tres años supera los once mil quinientos millones de quetzales, en adición a un manejo arbitrario y sin control en el que existen cifras cuyos gastos, literalmente en millones de quetzales se han destinado para ceviches, asados y otras viandas.

¿Pero son tan prosaicos y utilitarios los secuestradores de la San Carlos que únicamente los gastos y compras de chabacanerías llegan a adquirir conciencias y doblegar voluntades? Recién en el pasado reciente, digámoslo sin tapujos, del 17 de mayo del año en curso hacia atrás, fiscales, jueces, magistrados y notificadores, entre otros operadores de justicia, se han encorvado a los intereses de Mazariegos.

¿Solo el dinero ofrecido habrá sido el objeto de su ambición tasada como mercadería a cambio de su ética y juramento de fidelidad a la Constitución Política y las leyes? Ese conjunto también mínimo, pero poderoso aglutinado alrededor del llamado Pacto de Corruptos suele ser el señalado como el principal causante de ese y todos nuestros males.

En efecto la corrupción y la impunidad están literalmente en cada esquina. Mazariegos y su gavilla encontraron en el “propietario” de una de las universidades privadas a su más hábil mentor, protector, operador y facilitador de movilidad, entre otros aspectos. Él les enseñó que la disponibilidad de títulos de licenciaturas, maestrías y doctorados es parte del combo en ese supermercado en el que cayó la “academia” y la educación superior en general en nuestro país.

Las leyes y normas, bien gracias

En el olvido quedó lo preceptuado en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que indica que el «fin primordial es elevar el nivel espiritual de los habitantes de la República, conservando, promoviendo y difundiendo la cultura y el saber científico». Con el uso excesivo de la «educación a distancia» y sin las razones derivadas de la pandemia del Covid-19, el cierre del campus universitario y sus sedes tienen en realidad otras motivaciones y la baja calidad de la enseñanza superior es su principal efecto derivado.

Y en las calles y varios lugares las personas argumentan: “Vergüenza, impotencia y profunda decepción son los sentimientos que hoy embargan a quienes creemos en la legalidad, la institucionalidad y la autonomía universitaria, al presenciar la insólita y vergonzosa segunda edición fraudulenta, de un proceso que, lejos de representar una auténtica elección de Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha convertido en la consolidación de un fraude burdo, grotesco y descarado”, tomado de una conversación en WhatsApp.

Todo el embrollo sin embargo, es parte del laberinto de memoriales que en uso del régimen de legalidad del país han hecho los abusadores y secuestradores de la San Carlos, como de quienes con debida causa se oponen a ese latrocinio cuya incidencia, como se ha dicho recientemente es de orden nacional y por lo tanto la problemática de la universidad es en realidad una problemática del Estado de Guatemala, pues su participación, entre otras esferas en las Comisiones de Postulación que ha caído en pura manipulación en el nombramiento de autoridades no es de poca monta.

Para intentar entender esta maraña hemos de recordar que, desde finales de 2024, el mandato de 37 de los 41 integrantes del CSU ya había expirado. Antes y desde entonces, el rol de salas y cortes, incluyendo la de Constitucionalidad ha sido de una inexplicable complacencia a la manipulación de acciones y reacciones mediante memoriales, amparos y recusaciones que van y vienen desde y hacia las judicaturas.

Un buen ejemplo de ese vaivén de documentos se encuentra en uno de los expedientes de la Corte de Constitucionalidad, CC, concretamente en 3267-2025, mismo que curiosamente está ilocalizable dentro de los sistemas de búsqueda de la propia CC. Además de la relación de hechos contenida en los antecedentes de este expediente, es importante resaltar el papel de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la San Carlos y de su Secretario General en la elaboración y tramitación de las respuestas, reacciones y acciones ante las judicaturas (juzgados, salas y cortes). Y también es significativa la calificación de la CC a los memoriales provenientes de la tricentenaria al tildarlo de líbelo (página 9 cuarta línea), pues tal acepción le hace ver como argumentos carentes de veracidad, certeza y más bien de intentar engañar a la alta corte.

Sin embargo, desde dicha alta corte, no hay acciones tendentes a hacer prevalecer el tan cacareado Estado de Derecho y, Mazariegos y su manojo de aprovechados siguen sin cumplir las resoluciones para el relevo de los integrantes del CSU o la incorporación de los recién electos, entre otros incumplimientos.

Las anomalías van y vienen, La Hora documentó el 30 de diciembre del año pasado una triquiñuela adicional. La creación específica del cargo de «Dirección Superior», tal y como lo señala el nuevo artículo 2.6 ahora ejerce un cargo de dirección, también es calificado como ejercicio docente, y obviamente incluido el rector. No obstante, esta homologación la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos en su Título V, relativo al Rector y más específicamente en el artículo 27 expresa la condición de docente como calidad previa para asumir el cargo y, debemos recordar que la ley no tiene efectos retroactivos salvo en materia penal cuando beneficie al reo.

Estos preceptos son reiterados en el propio Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuando regula las mismas condiciones previas para llegar a ser rector de dicha casa de estudios superiores, pues no tiene sentido cumplirlas aún con esos trucos de falsa legalidad, cuando ya se ejerce tan importante cargo.

El manoseo de las normas es tal que los propios elaboradores de estos instrumentos al servicio de sus propios y particulares intereses les hacen formular afirmaciones como la siguiente: «El Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala tendrá jerarquía normativa superior a los reglamentos». página 525 del Acta No. 20-2025 de la sesión ordinaria del lunes 24 de noviembre de 2025. Es decir, la creación de la llamada «Dirección Superior» antes citada carece de aplicabilidad para el señor Mazariegos Biolis o, dicho de otra manera, un auténtico fraude de ley.

Lo descrito en estos párrafos es uno de los tantos ejemplos del retorcimiento de las normas y las leyes aplicables. Ninguno de los integrantes de dicho consejo puede alegar ignorancia de la ley. Todo lo actuado por su Dirección de Asuntos Jurídicos como por parte de la Secretaría General de la San Carlos en este tipo de arreglos para acomodar las normas cual menú para satisfacción de “su máxima autoridad”, así como del contenido de los memoriales requeridos por judicaturas, salas y las cortes son solidariamente responsables.

Y quienes integran el CSU como corresponsables de esta captura de la universidad estatal en el específico caso de la creación de ese puesto al servicio de Mazariegos Biolis. Ahora veremos la nómina de tales personas, siendo éstas las siguientes:

La Universidad de San Carlos de Guatemala actualmente está en manos delincuenciales que, por acción u omisión, llevan a esa alta casa de estudios a la debacle de la educación superior y, claro, en ello, hay contubernio de otros sectores como el poderoso económico, que han encontrado en Mazariegos Biolis un acertado arlequín para anular la presencia de la San Carlos.

El Fiscal García Luna en el centro de un reclamo social

El Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, Gabriel Estuardo García Luna, en declaraciones recién de la semana anterior manifestó, por ejemplo, al diario mexicano La Jornada haber encontrado una estructura dentro de esa institución cuyo desempeño es cual de un gobierno paralelo. Uno de los mejores ejemplos lo constituyó aquel funcionario del nivel superior que hacía anuncios previos de operativos dados a conocer por medio de una de las plataformas de las redes sociales.

El desmontaje de una «organización» paralela de una institución con funciones constitucionales como el ser «auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país» (Artículo 251 de la Constitución Política de la República), es complejo en extremo. A ello hay que agregar lo actuado en la gestión anterior, la señora Porras Argueta, destituyó entre 800 y 1000, del personal del MP. Lo que tiene ante sí el Fiscal García Luna es un monstruo con múltiples ramificaciones, redes y contactos para hacerle quedar mal.

Hay entonces, un auténtico laberinto institucional en el MP y su «limpieza» es más que obligatoria. Cuando menciona el Fiscal General que dicha reconstrucción no será posible sin una reforma al sistema de justicia. El corolario de la cooptación de las instituciones públicas fagocitadas por estructuras creadas para sus propios intereses personales, tiene el efecto de haberlas hecho disfuncionales para los intereses de la población y únicamente asertivas para aquellos pocos que con recursos pueden comprar el favor del diligenciamiento del aparato administrativo del Estado.

En La Hora se ha documentado el destrozo de la carrera fiscal, en declaraciones de García Luna. La reconstrucción es un proceso que no puede esperar y en tanto el tiempo transcurre se hace imperativo detener el avance en el deterioro de otra importante institución como lo es la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Aquella consigna de «un futuro sin CACIF» para la sociedad guatemalteca, paradójicamente se ha traducido, para nuestros males y hasta este momento en «un futuro sin Usac».

En adición a las denuncias presentadas y las que se presentarán en estos días, por el equipo jurídico de Dignidad y Resistencia, hemos ofrecido argumentos sustentados en documentación oficial para reiterar que el desempeño de los integrantes del CSU que acompañan a Mazariegos Biolis en su afán destructivo de la educación superior en el país, tendrá repercusiones en varios órdenes de la vida nacional. También se ha puesto en evidencia que el «Sistema de Justicia» hace poco o nada, por cumplir y honrar el imperativo constitucional de una «Justicia pronta y cumplida». Ahora llegó el turno de buscar la materialización de la persecución penal.