“No es opcional”: Cacif urge al Congreso aprobar ley antilavado bajo estándares de Gafilat
El sector privado advirtió que Guatemala podría enfrentar sanciones, restricciones financieras y problemas en remesas si el Congreso no aprueba la ley antilavado conforme a los estándares de Gafilat.
El sector privado ampliado urge al Congreso de Guatemala a aprobar la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, ya que considera que es una medida “indispensable” para proteger la estabilidad económica de Guatemala y evitar que se amenace su reputación y competitividad internacional.
Carlos Arias, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), señala que cada vez es más grande el grupo de diputados que opina que la ley debe aprobarse.
Añade que se espera que, durante la sesión extraordinaria del Legislativo, prevista para el 2 de junio, sea aprobada la ley antilavado.
“Si no nos ponemos esa fecha como límite absoluto, ya no tendremos tiempo para cumplir los compromisos de Gafilat. Por eso, para nosotros es imperativo que esta ley pase, sin importar las razones por las que algunos diputados aún no están convencidos”, afirma Arias durante una rueda de prensa de este lunes.
El Cacif alerta que la falta de adecuación a estándares internacionales expone a Guatemala a sanciones, restricciones financieras y a un deterioro de la confianza de inversionistas, socios comerciales y organismos internacionales.
De acuerdo con el sector privado, una de las consecuencias de no aprobar la ley antilavado sería un aumento en los costos y posibles limitaciones en el envío de remesas.
Los empresarios opinan que la prevención del lavado de dinero representa un “compromiso ético, económico y social”.
“El dinero proveniente del crimen no genera desarrollo: corrompe, intimida y captura espacios que pertenecen a los ciudadanos honestos”, declara Arias.
Durante la rueda de prensa, el sector constructor alerta sobre posibles afectaciones en la adquisición de viviendas debido a limitaciones en las remesas que envían los migrantes guatemaltecos.
A su vez, el sector exportador considera que Guatemala no puede aislarse, además de enfrentar barreras de competitividad en puertos, viabilidad, burocracia, trámites y licencias.
“Los guatemaltecos honestos no debemos pagar las consecuencias de quienes buscan debilitar los controles en materia de prevención de lavado de dinero”.
Carlos Arias, presidente del Cacif
El sector privado aseguró que está de acuerdo con que haya enmiendas, pero que se respeten los principios que exige el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
“De nada nos sirve aprobar una ley que no cumpla los principios. Aunque se apruebe, si no está de acuerdo con la forma en que Gafilat lo exige, podemos pasar a la lista gris, pese a haber aprobado la ley”, agrega Arias.
El sector empresarial reitera que “aprobar esta ley no es opcional”, ya que debía aprobarse en el 2025 o, en todo caso, en la última sesión ordinaria del primer semestre del 2026.
Arias explicó que Gafilat visitará el país en febrero del 2027 para verificar que la ley esté implementada y no solamente aprobada.
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