La incursión de fuerzas de seguridad mexicanas a territorio nacional sin autorización, con el objetivo de copar a un grupo de sujetos armados, ha causado polémica en distintos sectores sociales y generado pronunciamientos entre los gobiernos de Guatemala y México. Por ello, tres especialistas consultados coinciden en que hubo una violación a la soberanía territorial de Guatemala por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas, aunque difieren en la valoración de su gravedad y en las implicaciones diplomáticas.

Para el analista Luis Fernando Andrade Falla hubo una violación flagrante a la soberanía guatemalteca, que refleja la ausencia de mecanismos de coordinación en materia de seguridad y defensa entre ambos países, situación evidente desde hace décadas.

Recordó que ya se habían registrado incidentes similares hace más de un año, “algunos conocidos y otros no”, lo cual evidencia una falta estructural de coordinación bilateral.

Andrade Falla también criticó las declaraciones del gobernador de Chiapas, México, —quien asegura que hubo colusión entre narcotraficantes y la Policía Nacional Civil—, calificándolas de temerarias y sin fundamento. En contraste, destacó la prudencia de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien reconoció el hecho, solicitó una investigación formal y se comprometió a sancionar a los responsables.

“Este no es un hecho que pueda dejarse pasar; se requiere una investigación conjunta entre ambos países, con profundidad, porque este asunto podría tener ramificaciones más graves de lo que se conoce hasta ahora, sobre todo por los señalamientos del gobernador”, advirtió.

En cuanto a la respuesta oficial, consideró acertada la nota de protesta emitida por Guatemala a través de la Cancillería, aunque planteó la necesidad de que este tema se eleve al más alto nivel para sentar un precedente y evitar que vuelva a repetirse.

“Más allá de una nota de protesta, sí debe haber una declaración conjunta o bilateral de alto nivel. Aquí existe responsabilidad del Ministerio de Gobernación y del Ministerio de la Defensa, quienes tienen el deber constitucional de salvaguardar la soberanía nacional”, puntualizó.

Agregó: “La amenaza del narcotráfico está creando condiciones de confrontación entre dos países que, a pesar de tener mecanismos de coordinación, no los están utilizando”, señaló.

Respecto a posibles sanciones, Andrade Falla explicó que las acciones disciplinarias internas en México serán responsabilidad de ese país, pero insistió en la necesidad de una respuesta política contundente por parte del gobierno guatemalteco.

Inaceptable

“La violación a la soberanía es inaceptable bajo cualquier circunstancia”, afirmó el internacionalista y catedrático universitario Luis Felipe Polo, quien subrayó que se trata de un derecho fundamental de los pueblos.

Polo fue enfático al señalar que, en este caso, se produjo una violación clara a la soberanía de Guatemala por parte de la policía mexicana. Según explicó, se trata de una transgresión grave desde cualquier perspectiva del derecho internacional, ya que cualquier incursión no autorizada rompe con el principio fundamental de territorialidad, consagrado no solo en tratados internacionales, sino también en la Carta de las Naciones Unidas.

“Hubo una violación a la soberanía de Guatemala por dos razones fundamentales: primero, porque no se autorizó el ingreso de fuerzas extranjeras; segundo, porque tampoco existió una coordinación previa que justificara el acceso. Además, la incursión misma puso en riesgo a la población civil”, agregó.

Consultado sobre las reacciones de los gobiernos involucrados, Polo destacó que ambos Estados han actuado correctamente. En el caso de Guatemala, mencionó la nota diplomática de protesta enviada al gobierno mexicano, en la que se rechazó de manera categórica el ingreso de las fuerzas policiales y se solicitó una investigación formal sobre lo ocurrido. Además, valoró el compromiso del gobierno guatemalteco para reforzar la seguridad fronteriza y activar los mecanismos de cooperación bilateral existentes.

Según el analista, este incidente no debería derivar en un deterioro de las relaciones bilaterales, ya que se ha manejado dentro de los canales diplomáticos correspondientes.

Sobre posibles infracciones al derecho internacional, explicó que la primera violación evidente fue a la soberanía nacional guatemalteca, lo cual infringió normas internacionales y principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. También consideró altamente preocupante que la incursión haya ocurrido en una zona urbana y comercial, donde se realizaron disparos que pusieron en peligro la vida de civiles. Finalmente, advirtió sobre la falta de coordinación operativa por parte de la policía mexicana, señalando que existen protocolos que deben seguirse incluso en medio de persecuciones transfronterizas.

El incidente, añadió Polo, es una oportunidad para que ambos países revisen los protocolos vigentes, así como los procesos de formación y capacitación de las fuerzas policiales, en especial en lo que respecta al respeto por el derecho internacional en zonas fronterizas..

En cuanto a posibles sanciones internacionales, aclaró que no existe en este caso un mecanismo jurídico que amerite sanciones entre Estados, ya que no se trató de una violación al derecho internacional humanitario ni de un crimen internacional.

No hubo intención

Luis Padilla, analista en derecho internacional, sostiene que, si efectivamente se confirma que policías mexicanos ingresaron al territorio guatemalteco, ello constituiría una violación a la soberanía nacional.

Padilla consideró que estos incidentes pueden suceder inadvertidamente, especialmente en contextos como persecuciones policiales cerca de la frontera. Aclaró que no se trató de una incursión del ejército mexicano, sino de fuerzas policiales.

“Estas cosas pueden ocurrir inadvertidamente. Afortunadamente tenemos muro con México, pero, aun así, es difícil, en una persecución, saber si ya se cruzó una línea fronteriza”, indicó.

Para el analista, lo más probable es que se haya tratado de un error. Además, insistió en que este tipo de incidentes no debería escalar a mayores conflictos.

Respecto a posibles sanciones, Padilla afirmó que lo más adecuado sería que cualquier responsabilidad recaiga únicamente en los agentes policiales involucrados, sin afectar la relación bilateral.

“Ambos gobiernos están conscientes de que el crimen organizado es un peligro común, tanto para México como para Guatemala. Y si se produjeron los hechos como se han relatado, hay que entenderlo desde el contexto político y diplomático, sin pensar que hubo una intención deliberada de violar la soberanía guatemalteca”, concluyó.