El Congreso de Guatemala ha pasado de ser un bastión de democracia a un instrumento de control y poder para una élite. En su Análisis de Coyuntura del 16 de mayo, Juan Diego Godoy expone cómo los legisladores priorizan agendas partidistas y clientelistas, ignorando las necesidades críticas de los guatemaltecos.

En 2024, según datos oficiales del Congreso, se presentaron 120 iniciativas legislativas. De estas, apenas un 10% abordó problemas estructurales como salud, educación o seguridad. La mayoría favoreció intereses políticos y económicos de grupos privilegiados en lugar de atender a la población en general. Mientras el 59% de la población vive en pobreza, los diputados priorizan proyectos irrelevantes sobre soluciones reales. Las sesiones plenarias, llenas de ausencias y maniobras políticas, ignoran hospitales sin medicinas y escuelas en ruina. Año tras año, el presupuesto refleja prioridades alejadas de las necesidades ciudadanas. Se han aprobado millonarias asignaciones a consultorías sin regulación, proyectos de infraestructura innecesarios y contratos opacos mientras problemas fundamentales como la salud y la educación quedan relegados. Esta indiferencia no es solo falta de liderazgo, es una estrategia para preservar el poder y los privilegios de unos pocos.

La reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos es crucial para fortalecer la democracia. Las reformas de 2016 intentaron mejorar la transparencia en el financiamiento de campañas y garantizar mayor equidad en la representación. Sin embargo, la resistencia de los legisladores, aferrados a sus privilegios, ha desvirtuado cualquier avance real. Es vital reducir partidos sin base y fortalecer aquellos con compromiso democrático. En las elecciones de 2023, más de 30 partidos participaron con estructuras débiles, lo que fragmentó el voto y dificultó la consolidación de propuestas serias. Debemos evitar que las elecciones de 2027 sean una repetición. El proceso electoral se acerca y la reforma debe acelerarse. Necesitamos de instituciones inclusivas que fomenten la rendición de cuentas y el acceso equitativo a oportunidades para recuperar la confianza ciudadana. Si no se depura el Congreso, la corrupción seguirá permitiendo que los mismos actores políticos monopolicen el sistema. Es urgente una legislación que establezca criterios más rigurosos para los candidatos, evitando que la política sea un negocio privado en lugar de un servicio público.

El cambio no puede depender solo de leyes o instituciones. La ciudadanía debe asumir un rol protagónico. En 2015, las protestas masivas contra la corrupción lograron la renuncia del Gobierno, demostrando el poder de la acción colectiva. Pero la indignación sin acción concreta no transforma realidades. Informarse, organizarse en comunidades y exigir transparencia son responsabilidades democráticas ineludibles. Participar activamente en procesos electorales, monitorear el gasto público y fortalecer redes de fiscalización ciudadana puede marcar la diferencia. Es necesario impulsar plataformas digitales y espacios de debate donde la sociedad pueda ejercer presión sobre los legisladores y evitar que la política siga secuestrada por intereses privados. Guatemala necesita un Congreso que represente a su gente. La frase “La democracia no es un regalo, es una conquista diaria” es real. La historia la escriben quienes alzan la voz y exigen justicia. La transformación requiere ciudadanos comprometidos que cuestionen, propongan y actúen sin descanso.

El Congreso seguirá ignorándonos mientras lo permitamos. Es momento de exigir la Guatemala que nos pertenece.