América Latina está, tristemente, acostumbrada a vivir pagando el gigantesco precio de las promesas electorales indiscriminadas, irreales y desproporcionadas. Mientras tanto, la sólida institucionalidad estadounidense representaba un canon, un modelo, un paradigma de estabilidad y confianza, sobre todo, al momento de las grandes negociaciones económicas de impacto regional y global. Eso, al menos hasta que el presidente de Estados Unidos, haciendo uso de órdenes ejecutivas, decidió —entre otras cosas— tirar por la borda tratados de libre comercio, incluido uno que él mismo firmó, a fin de echar a andar una ofensiva indiscriminada de aranceles para exhibir un golpe proteccionista.

Primero fueron México y Canadá, con reiteradas amenazas y aplazamientos. Luego vino el anuncio, con una vistosa tabla analógica en mano, sobre las tasas aduaneras impuestas a todos los países, en su mayoría de 10%. Guatemala —país amigo y socio estratégico que le compra a Estados Unidos más de lo que le vende— también fue incluida en este costal. El mandatario de ese país aplazó la medida por tres meses para ciertos países, y la elevó más de 100% para China.

Tan autocrática política, más al estilo de Yo el Supremo que de la mayor potencia democrática, económica, institucional y estratégica, condujo a repetidas caídas de las bolsas de valores de todo el orbe, arrastradas por el impacto de los aranceles sobre naciones y compañías de todo el mundo, pero también de los riesgos logísticos, productivos y competitivos que afrontan gigantes estadounidenses del comercio, manufacturas, alimentación, industria automotriz y tecnológica, que por efecto de la globalización tienen procesos y suministros interconectados. El Congreso, de mayoría republicana, calla.

Pero que el presidente Donald Trump haya anunciado una tregua arancelaria para negociar con países selectos también podía ser una reacción disfrazada para apaciguar el incendio ocasionado en las previsiones económicas. Se trataba de hacer grande a su nación otra vez, no de hacer más grandes los problemas de sus ciudadanos, incluidos sus electores. El siniestro panorama se confirma con el anuncio del Fondo Monetario Internacional (FMI) que reduce la previsión de crecimiento económico internacional (2.8%), a causa de la incertidumbre.

Los costos aumentados golpean a las exportaciones guatemaltecas. Un tercio de ellas va hacia Estados Unidos, incluidos vegetales, flores, café y frutas tropicales, con un impacto para los productores guatemaltecos que en dos meses ronda los US$84 millones. Pretenden algunos mayoristas estadounidenses que Guatemala absorba el impuesto, lo cual podría tolerarse por un tiempo, pero, a la larga, tal pérdida es insostenible. La economía elemental enseña que el costo siempre termina en los bolsillos del consumidor, o bien, se convierte en canastas vacías por falta de productos, sobre todo, aquellos que dicha nación no cultiva por razones climáticas.

El Gobierno de Guatemala tiene la responsabilidad de plantear una ruta para abordar interna y externamente la crisis de los aranceles. El FMI señala un riesgo de recesión internacional, aunque para Guatemala todavía traza un crecimiento de hasta 4%, pero solo es eso: una previsión. En EE. UU. hay cuestionamientos acerca de quiénes tuvieron información privilegiada para comprar acciones a la baja justo antes de que la Casa Blanca anunciara pausas en los aranceles; pero eso no importará si, para proteger la economía, se castiga la provisión de artículos que no producen o el ingreso de insumos para su industria.