Como un evento nunca visto, los medios de comunicación nacionales e internacionales dieron cuenta, al inicio de esta semana, de un colapso sucedido en Europa —más concretamente en España y Portugal— al producirse una suspensión prolongada del servicio de energía. Probablemente un apagón así, sin que se haya ofrecido una explicación plausible durante buena parte de la jornada, haya causado justificadamente un alto nivel de angustia y preocupación en los ciudadanos de aquellos países. No existía en aquellas latitudes un precedente así. Pues bien, tomando como muestra este suceso, traigo a colación otra especie de “apagón” que hemos vivido en Guatemala, no relacionado con el mundo de la energía, pero sí con el mundo de la política. Me refiero al prolongado “apagón legislativo” que vivimos en los últimos meses.

El Congreso de la República, por diversas razones, entró en un proceso de pausa en la discusión de los temas que le competen. Señalamientos hechos entre bancadas, la presión ejercida por el tema de los incrementos salariales, las idas y venidas judiciales, la situación legal de miembros de su directiva, la discusión sobre el estatus de las decisiones que dicen haberse adoptado o no y la denunciada falta de cumplimiento de los acuerdos internos han hecho que el Organismo Legislativo entrara en hibernación, de la que apenas comienza a salir en estos días.

No es que el Legislativo no tuviera trabajo. Es preciso recordar que el Congreso tiene tres funciones fundamentales: legislar, intermediar y fiscalizar. Está claro que la primera es la que se dejó de ejercer en las semanas pasadas. La intermediación y la fiscalización han continuado su rumbo, aunque no tienen el mismo impacto, cobertura y atención que el hecho mismo de aprobar leyes. Para quienes son partidarios de la mínima intervención de lo público en la vida privada, este apagón en la labor legislativa ha caído como un alivio, toda vez que existe la preocupación de que, recurriendo a la analogía económica, la demanda genera su propia oferta en temas regulatorios. Es decir, el simple hecho de mantener abierta la discusión en un foro como el Congreso provoca el estímulo de regular todo aquello que sea imaginable, y hace que se conozcan, discutan y hasta en ocasiones se aprueben normativas que no son ni positivas, ni adecuadamente razonadas, ni técnicamente viables. Cuántas veces no hemos escuchado hablar de la indigestión legislativa.

Pero, dicho lo anterior, sí que existen temas que aguardan el debate público. Como en todo buen apagón, al que estuvimos acostumbrados ya en un pasado afortunadamente lejano, la forzada oscuridad en casa solía ser ocasión para abrir una conversación productiva en familia mientras se restablecía el servicio. Pues, en este caso, los legisladores debieran aprovechar ese momento de pausa para reordenar el trabajo de este organismo y tomar la decisión de priorizar una buena agenda legislativa. ¿Por dónde empezar? Pues en aquellos temas que son de interés de Estado y sobre los que no pesan el estigma de la parcialidad, la ideología o lo meramente coyuntural. Temas como la ciberseguridad, una legislación portuaria moderna y la puesta al día de normativa que regula las alianzas público-privadas son un paso para restablecer un buen servicio, en este caso, el legislativo.

Si los legisladores quieren arrojar luz sobre sus responsabilidades, algo que se ha oscurecido de momento al tenor de esta especie de apagón temporal, este es el momento de comenzar a llegar a buenos acuerdos.