Quizá es porque ya han tenido narcodiputados en sus filas o porque ya tienen exalcaldes extraditados o porque adoptaron a tránsfugas de narcopartidos: lo cierto es que algunas bancadas partidarias, que sabotearon la aprobación final de la Ley Integral contra el Lavado de Activos y Combate al Terrorismo la semana recién pasada —bajo condicionamientos fútiles—, se están interponiendo en el camino de la estrategia antidrogas 2026 del Gobierno de EE. UU. y, por ende, en la mira de las suspicacias sobre sus nexos, financiamientos pasados y adeudos. En el contexto de una ofensiva que ya solicitó en extradición a un gobernador mexicano y a varios funcionarios y exfuncionarios conexos con el narco, resulta avieso, pero muy revelador, el chantaje de estos grupos desfasados o desavisados.

Es paradójica la coincidencia de fechas: el 5 de mayo, unos 50 diputados, de cuatro bancadas —25 eran del exoficialista Vamos— rompieron el quorum en el Congreso. Se necesitaban 107 votos para aprobar la ley antilavado, que moderniza la anterior, la cual data de hace 25 años. Ese mismo 5 de mayo, EE. UU. lanzó su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, que marca un giro decisivo: Washington ya no se concentra solo en decomisar cargamentos o capturar capos. Suma un ariete poderoso: asfixiar financieramente a las organizaciones criminales a través de la detección y decomiso de capitales a los que tratan de dar apariencia lícita mediante el lavado.

Guatemala aparece inevitablemente en el mapa de este combate. No solo por ser ruta de trasiegos, sino por la penetración de carteles mexicanos en alianza con redes locales, operadores financieros, alcaldes de zonas costeras y fronterizas, empresas de fachada y uso de pasos ciegos fronterizos o portuarios.

La prioridad de esta estrategia es impedir que esos ecosistemas financieros sigan funcionando. La Casa Blanca identifica al narcotráfico y sus ramificaciones como “una de las amenazas más graves” para la seguridad nacional. La novedad más importante es la dimensión financiera y extraterritorial de las medidas. Con la aprobación de la ley Fentanyl Act de 2024, el Departamento del Tesoro adquirió facultades extraordinarias para actuar contra instituciones financieras, jurisdicciones o tipos de transacciones vinculadas al lavado de dinero del narcotráfico.

La medida permite imponer medidas severas, similares a las de la Ley Patriota contra Terroristas, pero enfocadas en redes ligadas al tráfico de drogas y redes cómplices, incluyendo infiltrados en estamentos de Estados, es decir, países. Esta semana se logró en Guatemala la detención de una banda de narco que operaba en Escuintla y de la cual formaba parte un teniente del Ejército de Guatemala. Estos grupos tienen, desde hace mucho, conexiones a cargo de blanquear el dinero sucio, y eso es precisamente lo que va a combatir con fuerza la nueva ley antilavado, que abarca múltiples mecanismos y prácticas que no existían hace 25 años, incluidos casinos, videoloterías, criptomonedas, apuestas y otras actividades que en sí mismas son lícitas, pero que tendrán más monitoreo y registros de movimientos de capital o adquisiciones, para detectar indicios sospechosos.