Quizá pudo ser solo una casualidad, pero una grande, simbólica y enorme casualidad. El 26 de abril de 1998, cuando más de la mitad de la actual población guatemalteca aún no había nacido, ocurrió un crimen brutal, abyecto, de enorme impacto nacional e internacional: en la casa parroquial del templo San Sebastián fue asesinado el obispo auxiliar Juan José Gerardi Conedera. Su rostro fue desfigurado a golpes con un trozo de concreto. Apenas dos días antes había presentado oficialmente el informe Guatemala: nunca más, del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), sobre las atrocidades de 36 años de conflicto armado interno y a cuya publicación se suele atribuir su martirio. Era una reunión de testimonios de crudas vivencias de abusos, masacres, desapariciones y torturas que debían ser conocidas para que nunca se repitieran. Gerardi fue sepultado en la Catedral Metropolitana, el 29 de abril siguiente, en medio de dolor e indignación.

La conmemoración del aniversario número 27 de la muerte del obispo Gerardi quedó eclipsada por el sepelio del papa Francisco, el sábado 26 de abril recién pasado. Sin embargo, en la misa de la Catedral Metropolitana de ese día, se recordó a ambos. El caso es que ese mismo día, sábado 26 —justo la fecha del crimen— llegó deportado al país el exsargento Darío Morales García, quien fue capturado por estar señalado de haber participado supuestamente en la violenta muerte del prelado.

Ayer, 29 de abril, la misma fecha en que fue sepultado el obispo, Morales compareció ante juez en una audiencia en la cual se le hizo saber el motivo de su captura, aunque la primera declaración se aplazó. La orden de aprehensión contra Morales, por los presuntos delitos de ejecución extrajudicial y complicidad, se emitió desde 2010. El señalado vivía en el estado de Luisiana, EE. UU.

El acusado Darío Morales, quien perteneció al extinto Estado Mayor Presidencial, al cual pertenecieron otros convictos del caso, dijo tener “miedo” y que esperaba poder “aclarar” todo ante la jueza. En 1998 fue visto tomando fotografías en la escena del crimen, lo cual negó posteriormente. La investigación del crimen estuvo sujeta a múltiples desviaciones, abordajes obtusos y pistas falsas. No obstante, al final hubo sentencia condenatoria en 2001: dos de los sentenciados, el especialista Obdulio Villanueva y el capitán Byron Lima murieron asesinados en prisión; el primero, en un motín del preventivo de la zona 18, en 2003; y el segundo, en un ataque directo en Pavón, en 2016.

Nunca se logró establecer la autoría intelectual, aunque el móvil parece haber sido una aparente represalia por la presentación del informe del Remhi, que ciertos sectores señalaban de estar parcializado, mientras otros grupos consideraban que aún faltaba relatar más atrocidades de los bandos en el doloroso, destructivo y mortífero enfrentamiento.

Las autoridades penitenciarias están obligadas a velar por la seguridad y la integridad física de Morales. Aunque buena parte de la población quizá no haya vivido el ambiente de aquellos aciagos días de 1998 y el tema les resulte extraño, todavía hay generaciones de guatemaltecos que compartieron la congoja y el reclamo de justicia en las multitudinarias exequias que recorrieron la Plaza de la Constitución, poco antes de dirigirse a las criptas de Catedral. No obstante el paso del tiempo, la reverencia a su tumba es constante. En 2013, sus restos fueron trasladados desde las criptas a la nave norte del templo, debido a la afluencia de fieles que lo consideran un mártir. Su llamado a enfrentar la verdad para vivir con dignidad y evitar otro enfrentamiento entre hermanos sigue vigente.