Las calles de Los Ángeles arden —literal, política y simbólicamente—. Tras una serie de redadas migratorias, estallaron disturbios que rápidamente fueron capitalizados por sectores radicales, para desatar el caos. Lo que en apariencia era una crisis local, hoy es un pulso de alto voltaje entre el gobierno federal y la izquierda política.

El presidente Trump, en ejercicio de su deber constitucional, busca restablecer el orden en un estado que ha permitido la anarquía bajo el disfraz del progresismo. Para esto, ha tenido que desplegar cuatro mil efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines, con el firme propósito de proteger a los ciudadanos y hacer cumplir la ley. Para Trump, Los Ángeles no puede seguir siendo refugio de ilegalidad ni símbolo de impunidad. Su mensaje es claro y razonable; ningún territorio puede actuar como nación aparte, mientras forme parte de los Estados Unidos.

El gobernador de California, Gavin Newsom, por su parte, ha optado por convertirse en el contrapeso visible. Ha presentado demandas en tribunales federales, ha pedido a otros gobernadores que lo respalden y ha calificado la ofensiva federal como un “ensayo autoritario disfrazado de operativo migratorio”. En sus palabras hay más que indignación, hay una estrategia política para proyectarse como defensor de las libertades civiles, frente a un poder centralizador.

Detrás de los disturbios en California también se esconde una maniobra política más profunda, una estrategia orquestada por sectores del Partido Demócrata, para debilitar al presidente Trump y allanar el camino hacia un nuevo intento de impeachment. Las protestas, lejos de ser espontáneas, han sido alimentadas por organizaciones afines a la izquierda radical, financiadas por figuras y lobbies que no ocultan su deseo de destituir al mandatario, antes de que consolide su poder rumbo al 2028.

La narrativa del “autoritarismo federal” no solo busca socavar la legitimidad de la intervención en California, sino convertirla en prueba de supuestos abusos de poder. En realidad, lo que está en marcha es un asalto institucional, disfrazado de activismo social. Esta es una ofensiva coordinada para presentar a Trump como un tirano, agitar el descontento y provocar una crisis que justifique un juicio político. El conflicto en las calles es solo la antesala de una batalla aún más peligrosa, que se libra en los pasillos del Congreso.

En el centro de todo, los migrantes. Muchos de ellos son trabajadores honestos, padres de familia, jóvenes con sueños, sin antecedentes penales, que hoy viven con el temor constante de ser deportados. Son personas que llegaron en busca de oportunidades y que han contribuido silenciosamente a la economía local. Sin embargo, entre ellos se han infiltrado grupos radicales que, cubriéndose el rostro, cometen actos de vandalismo, incendian negocios, agreden a las autoridades y promueven el caos. Detrás del discurso de la resistencia se esconden células que actúan con fines políticos, no humanitarios. Estos actos violentos desvirtúan la causa migrante y les dan argumentos a quienes denuncian una agenda subversiva. Así, mientras muchos protestan con dignidad, otros utilizan la bandera del activismo para sembrar terror en las calles.

Paradójicamente, los únicos que realmente están sacando provecho de este conflicto son los sectores de izquierda y el Partido Demócrata. Mientras promueven una narrativa de represión y autoritarismo, logran victimizarse ante la opinión pública. La izquierda radical agita las calles, alimenta el caos y se presenta como resistencia. aunque nada justifica la violencia, hay quienes la promueven, porque saben que en el caos también se gana.