La Junta Directiva del Concejo de Alcaldes Comunales de los 48 cantones de Totonicapán solicitó a la nueva Corte de Constitucionalidad (CC) que conozca y resuelva una acción de inconstitucionalidad contra el delito de terrorismo, presentada en septiembre del 2025 y que aún permanece sin resolución.

Según un comunicado, la acción fue conocida en vista pública el 27 de noviembre del 2025; sin embargo, el proceso quedó aplazado y no ha sido resuelto hasta la fecha.

Ante esta situación, el 14 de abril pasado, las autoridades comunales presentaron una solicitud para que la nueva integración de la CC retome el caso y emita un fallo conforme a derecho, dentro del marco del debido proceso y el acceso a la justicia.

En el pronunciamiento, los representantes indígenas señalan que la tipificación del delito de terrorismo vulnera el principio de legalidad, debido a que —según su criterio— permite interpretaciones amplias que podrían derivar en arbitrariedades.

También afirman que esta figura penal ha sido utilizada contra autoridades indígenas, lo cual consideran una forma de criminalizar la protesta social y la defensa de los derechos humanos.

El comunicado cita al relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Ben Saul, quien presentó un amicus curiae en el proceso. De acuerdo con el documento, el experto reconoce los desafíos en la lucha contra el terrorismo, pero subraya que las leyes penales deben respetar el principio de legalidad conforme al derecho internacional de los derechos humanos.

Las autoridades comunales indicaron que este principio es clave para evitar violaciones a derechos fundamentales, especialmente cuando las normas penales se aplican de forma amplia.

Finalmente, instaron a la CC a resolver la acción dentro del plazo de ley y a evitar el uso que califican como arbitrario del delito de terrorismo, con el fin de impedir que en el futuro se utilice contra personas que ejercen su derecho a la defensa de sus derechos.