¿Qué ha cambiado en la calidad del servicio después del accidente en febrero de este año?
Para la apreciación de los guatemaltecos, muy pocos. Para el empresario, significativos, porque nos recuerda que tenemos una obligación de contratación de seguro. Algunos compañeros juegan a la ruleta rusa y descuidan esta responsabilidad de cobertura, que es millonaria ante este tipo de eventos.

Esta situación llevó a la Dirección General de Transporte (DGT), que atravesaba por un mal momento, y lógico, lo primero que averiguaron fue la cobertura del seguro. Nosotros tenemos un monitoreo interno para estar menos expuestos ante este tipo de circunstancias.

En este momento, la antigüedad de las unidades fue puesta en la balanza. De acuerdo con estadísticas propias, con base en el Departamento de Tránsito, se demuestra que la siniestralidad es baja —en porcentaje—, ya que somos de los últimos espacios reglados que dan dimensión de estos siniestros. Por supuesto, la magnitud del caso del puente Belice llamó la atención e hizo que doliera más.

El Estado entró en persecución. Bajo esa premisa, nos reunimos como empresarios. Y porque no tenemos la capacidad para hacer un recambio de unidades, defendimos las que exceden los 25 años de antigüedad. Me explico: la siniestralidad no está paralelamente ligada a la antigüedad. Un accidente está revestido de otros factores, humanos y no tanto mecánicos, según las estadísticas.

Un accidente está revestido de otros factores, humanos y no tanto mecánicos, según las estadísticas.

Gamaliel Chin, Gretrucex.

Hemos defendido que tenemos problemas para la renovación de flota. Una de las razones principales es la seguridad. Para nadie es un secreto que erogamos fuertes cantidades de dinero por extorsiones.

¿Cuánto?
Lamentablemente, los datos son muy variables. Tenemos demasiadas situaciones no reportadas. El número estimado es un 10% de lo que de verdad ocurre. Una extorsión de Q300 mil puede ser hasta nueve veces más que ese monto. Los costos mensuales y anuales drenan nuestra capacidad en el cambio de unidades de transporte.

¿Cómo ven la modernización del transporte en los próximos 10 años?
Queremos que se actualice la Ley del Transporte de 1946. La propuesta va en dos aspectos. Primero, la ampliación de plazo de renovación de las unidades de al menos 20 años. Segundo, la inclusión de un capítulo de chatarrización de las mismas. En ese período pueden recibirse como enganche para comprar una unidad nueva. Esto con un financiamiento blando a través del banco CHN.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta su negocio?
El más grave, que corta vidas, son las extorsiones. Le sigue la competencia ilegal (solo se persigue al que está autorizado y no al que opera al margen de la ley) y, tercero, la dificultad con la mano de obra.
El Estado nos provee mano de obra con licencia, pero sin la certeza de que sea un piloto profesional. Todos deberíamos pasar por una recapacitación para medir el expertise de todos. No eludimos responsabilidad, además de la obligación civil de cubrir, a lo largo de 23 años, el seguro obligatorio.
Por otro lado, tenemos la alta migración de pilotos: hay menos, muchos sin experiencia.

Del lado del usuario, hay situaciones que van desde alza de la tarifa, inseguridad, hacinamiento, mantenimiento de unidades, sobrecarga, etc. ¿Cuál de estas reconoce deberían de mejorar?
Quisiera subir más la tarifa. No me da vergüenza decirlo. El día que me permitan presentar mis costos y pueda trasladarlos al usuario, no les voy a dar gratis el servicio.

¿Y reconoce algo?
Claro que sí. Con la tarifa, desde la pandemia nos obligaron a andar espaciados. Entiendo las razones humanitarias de salud, pero tenemos que recuperar costos, pues prestamos un servicio privado con una concesión pública. Hay fluctuaciones en los precios del diésel. No tenemos un techo para poder calcular costos.

Un sistema prepago depredador, en donde tengo que facilitarle al usuario una tarjeta que no va a usar o que va a rechazar. Si todos estuviéramos en la misma sintonía, sería una tarifa más real y ajustable en función de centavos, no de quetzales.

En nuestras empresas tenemos GPS con cámaras que nos aportan información. Vemos ocupación, aplicamos tarifa plana y eso nos estima hasta un 90% el recaudo generado en cada unidad. Pero si en paralelo tenemos una operación ilegal, nos resulta insuficiente la tarifa. Tenemos un Estado ausente que procura estos abusos sistemáticos, en tanto a quienes diezman es al transporte regulado.

Varios de los entrevistados coinciden en que su gremio tiene cooptada la DGT. ¿Qué dice al respecto?
Insisto en que poner a administrar una institución que tiene la responsabilidad de todo el territorio nacional y no sabe qué hacer es el peor error, y que cobren es el peor acto de corrupción. Si le llaman cooptar a sabernos defender y exigir… el ciudadano tiene un derecho constitucional y el funcionario debe hacer es una obligación institucional, sujeta a un reglamento.

Este gobierno ha sido una desgracia administrativa. En 15 meses llevamos cinco directores en la DGT. La anterior directora, y lo digo con malestar, tenía acumulados unos 6 mil expedientes detenidos; ahora son 9 mil.

¿Hubo presión de su lado?
Por supuesto. Si un funcionario no sirve, el primer acto de corrupción es no tener la capacidad para el puesto. Es mucho el tiempo perdido. Hemos dado nuestras sugerencias al viceministro Suriano, quien al fin nos ha puesto atención.