Endeudarse más no produce infraestructura: produce más gasto de funcionamiento, más saldos ociosos en caja y más espacio para la corrupción.
Esta semana volvió a circular la cantaleta de que Guatemala tiene la deuda gubernamental más baja de América Latina. El reporte oficial del Ministerio de Finanzas Públicas registró al 31 de marzo de 2026 un saldo de deuda gubernamental equivalente al 25% del producto interno bruto (PIB). La comparsa estatista aplaudió la cifra y se rasgó las vestiduras por “todo lo que se ha dejado de hacer por no endeudarse más”. Y allí es precisamente donde está el problema, cuando esa cifra sirve para decir que “todavía cabe más deuda”. ¿Cabe para qué? ¿Para construir carreteras o para financiar el crecimiento burocrático, el desperdicio y el robo?
Debemos abandonar el paradigma colectivista de que el gobierno debe construirlo todo. Ya hay suficiente evidencia de capital dispuesto a construir infraestructura.
El número oficial omite dos pasivos enormes. El primero es la deuda con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS): Q73 mil 321 millones al cierre de 2024 —todavía no han oficializado la de 2025, pero súmele unos Q5 mil millones o Q6 mil millones más—, fruto de siete décadas de incumplimientos. El segundo son las pérdidas operativas acumuladas del Banguat, por sus operaciones de “esterilización monetaria” —mantener artificialmente alta la tasa de cambio del quetzal—, Q31 mil 163 millones al cierre de 2025. Al sumar ambos componentes —que están en los documentos oficiales de las instituciones—, la deuda real asciende a Q356 mil 197 millones y la relación contra el PIB salta al 35.4%. Pero lo más importante es que, medida contra los ingresos tributarios —la métrica que importa, porque el Gobierno recauda impuestos, no PIB—, la deuda roza el 297.4%, peligrosamente cerca del 300% que los organismos internacionales señalan como límite prudencial.
El problema real jamás ha sido la escasez de dinero. El ingenuo argumento de “todo lo que se pudo haber hecho si nos hubieran endeudado más” se desmorona cada 31 de diciembre. El Gobierno cierra cada ejercicio con miles de millones de quetzales en saldos de caja sin ejecutar. Si les sobra dinero, ¿para qué se contrata más deuda? Y si algo ha demostrado la actual administración es que lo que mejor hacen es abultar la burocracia —ya la incrementaron en 13%— y subir los gastos de funcionamiento. Si nos endeudaran todavía más de lo que ya lo están haciendo, lo único que obtendríamos a cambio sería más burócratas y más trámites para justificar su existencia.
¿Alguien sostiene en serio que la solución pasa por darle más dinero al Gobierno? La salida no es más deuda: es menos discrecionalidad. La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, con contratos a 30 años por niveles de servicio que trasladan el riesgo de construcción y mantenimiento al contratista, era un paso en la dirección correcta, pero no les gustó a los estatistas y a los que roban por medio de la “obra pública”. Primero bloquearon la autonomía de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios y, ya bajo las garras del CIV, se han encargado de que no funcione. Eso no es accidente: es el sistema corrupto —sí, incluso en la “administración de la transparencia”— defendiendo su botín.
La pregunta relevante no es cuánto más puede endeudarse el Gobierno —realmente, cuánto más nos pueden endeudar los políticos a nosotros—, sino qué normas habría que cambiar para que el capital privado construya lo que el Gobierno no ha podido en décadas. Debemos abandonar el paradigma colectivista de que el Gobierno debe construirlo absolutamente todo. Ya hay suficiente evidencia de capital dispuesto a construir infraestructura. Empezaron con carreteras, pero también hay interesados en construir puertos y aeropuertos que no andan buscando una concesión corrupta, sino simplemente que no los estorben con regulaciones y permisos absurdos —diseñados para extorsionar— para poder invertir y competir.