Guatemala sigue siendo un país que deja en vulnerabilidad a defensores de derechos humanos, operadores de justicia, líderes indígenas y periodistas, según el informe anual de Amnistía Internacional.

La investigación, titulada La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo, que fue presentada este 28 de abril, expone la continuidad en la violación de los derechos humanos en Guatemala.

El documento valora aspectos de libertad de expresión, derecho y acceso a la justicia, e independencia judicial durante 2024. La evaluación se realizó a partir de la recopilación de información de defensores de derechos humanos, autoridades de gobierno, fuentes públicas y entrevistas con diversos sectores.

“El sistema de justicia en general está particularmente mal, porque no se cumple el debido proceso y hay una cruel falta de independencia judicial”, explicó Adeline Nau, investigadora de Amnistía Internacional para la región de Centroamérica.

La situación para los defensores de derechos humanos y la población civil en Guatemala es similar a la de los últimos años. Siguen existiendo actitudes represivas contra personas o grupos que piensan diferente a quienes ocupan puestos de poder en el país, según los datos recopilados por la organización.

“Ha quedado evidenciado que el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ) son los principales responsables de esta persecución por motivos políticos contra todos aquellos que han denunciado la corrupción, la impunidad y los ataques al Estado de derecho”, añadió Nau.

Algunos de los casos puntuales que, según Amnistía, representan la falta de independencia judicial incluyen las resoluciones contra el periodista José Rubén Zamora, quien, por un fallo legal, perdió el beneficio del arresto domiciliario y fue retornado a prisión.

Caso Luis Pacheco

Aunque el informe abarca los hechos ocurridos únicamente en 2024, a criterio de Nau, la captura del líder indígena Luis Pacheco —expresidente de Los 48 Cantones de Totonicapán y actual viceministro de Desarrollo Sostenible— es un ejemplo de las conductas autoritarias y represivas que persisten en el país.

“Protestar no es un delito; al contrario, quienes manifiestan hacen uso de sus derechos, como la libertad de expresión y de reunión pacífica. Esto incluye las actividades de planificación de las protestas. Según el derecho internacional, el mero hecho de organizar una reunión pacífica no puede penalizarse en virtud de leyes antiterroristas”, indicó.

Para Nau, las acciones tomadas por el MP contra Pacheco y otros líderes indígenas solo buscan reprimir a la sociedad en Guatemala.

“La persecución penal contra líderes indígenas por su rol en protestas —acusándolos de terrorismo, sedición, asociación ilícita, entre otros delitos— evidencia un arsenal represivo que es una clara señal de autoritarismo, de una voluntad del Ministerio Público, una vez más, de querer reprimir la disidencia y acallar las voces que piden justicia y el respeto al Estado de derecho”, sentenció.

Un juzgado de turno ordenó prisión preventiva para Pacheco y Héctor Manuel Batz Chaclán quienes deben enfrentar proceso por los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal.

El próximo año finalizará el período constitucional de la actual jefa del MP, así como de otras autoridades clave en el país, como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte de Constitucionalidad (CC). Estos procesos de renovación, a criterio de Nau, podrían aumentar aún más los escenarios de represión.

“Dependiendo de quiénes se postulen y quiénes integren las comisiones de postulación, definitivamente hay un riesgo de continuidad en esta ‘caza de brujas’ contra defensores de derechos humanos, periodistas, fiscales, jueces o cualquier persona que alce la voz. Incluso podría haber mayor represión, lo cual sería gravísimo”, advirtió.

Faltan acciones

El 14 de enero de 2024 tomó posesión el gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, a quienes Amnistía Internacional reconoce algunas acciones para tratar de garantizar los derechos humanos en el país.

“Hemos visto algunas acciones positivas en este primer año de gobierno. Por ejemplo, en la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, se reactivó un mecanismo interno en el Ministerio de Gobernación para el análisis de riesgo de personas expuestas”, señaló Nau.

Sin embargo, pese a estos primeros esfuerzos, considera que todavía hacen falta acciones concretas por parte de la administración para garantizar la protección de los defensores y de la población civil en el país.

“Por otro lado, vimos retrasos importantes en otros aspectos. Por ejemplo, a abril de 2025, a más de un año de este nuevo gobierno, todavía no se ha aprobado una política pública para la protección de las personas defensoras, quienes siguen enfrentando niveles muy altos de riesgo. Esta es una gran deuda pendiente”, concluyó.