El comisionado presidencial contra la corrupción, Julio Flores, señaló al Ministerio Público (MP) de haber archivado una denuncia interpuesta el año pasado por una supuesta red de trata de personas que operaba en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), durante el gobierno anterior, la cual sugería que había mujeres contratadas por esa cartera para brindar servicios sexuales, detallaron fuentes.

El caso se conoció en mayo del 2024, tras la destitución de Jazmín de la Vega como ministra del CIV.

“La información que tenemos es que efectivamente se presentó una denuncia; sin embargo, en la tendencia que se ha convertido en normal dentro del Ministerio Público, la misma fue archivada”, aseguró Flores este lunes 28 de julio.

La exministra aclaró que no fue ella quien interpuso la denuncia, aunque en su momento fue llamada a declarar a la Fiscalía, pero no tuvo más información del caso, comentó a Prensa Libre.

Postura

Por su parte, el MP señaló que lo informado por Flores es “totalmente falso”.

“El Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra la Trata de Personas, inició de oficio una investigación en seguimiento a una presunta red de trata de personas que operaría en el interior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV)”, detalló la institución.

Agregó que, en el marco de esa investigación, se solicitó información al CIV y se realizaron diversas diligencias con el objetivo de verificar la existencia de la supuesta estructura.

“Estas diligencias permitieron establecer que no existían víctimas de algún círculo de explotación por trata de personas. No obstante, la investigación desarrollada sí permitió determinar la posible existencia de irregularidades en la contratación de personal que no cumplía con los requisitos del perfil profesional, entre otras anomalías. En virtud de lo anterior, esta parte de la investigación fue trasladada a otra fiscalía para profundizar en los hallazgos efectuados”, refirió el MP.

Agregó: “Es fundamental hacer un llamado a las autoridades para que informen adecuadamente sobre el desarrollo de los procesos, a fin de evitar generar confusión y desinformación en la ciudadanía”.