Las pandillas cambiaron de negocio

Durante años, Guatemala aprendió a reconocer a las pandillas por las extorsiones, las amenazas y los asesinatos. Ese cobro ilegal fue una fuente de financiamiento. Mientras el país combatía esos delitos, las estructuras diversificaron sus ingresos. Hoy, el narcomenudeo plantea una amenaza que obliga a revisar cómo entendemos y enfrentamos la criminalidad.

No se trata de una percepción. Altos mandos de la Policía Nacional Civil han reconocido públicamente que la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 han ampliado sus actividades hacia el negocio de las drogas. La extorsión no desaparece, pero deja de ser la única actividad relevante. Esta transformación tiene consecuencias económicas y para la seguridad.

El narcomenudeo ofrece ingresos adicionales que pueden fortalecer a las organizaciones criminales, facilitar la adquisición de armas y alimentar disputas por mercados ilegales. La violencia ya no funciona solamente como instrumento de intimidación: también puede utilizarse para competir por puntos de distribución. Investigaciones policiales divulgadas este año han relacionado distintos hechos violentos con esas disputas. Debemos comprender cómo evolucionan estas estructuras.

Durante décadas hemos discutido el papel de Guatemala como territorio de tránsito del narcotráfico internacional. Cargamentos, rutas clandestinas y redes transnacionales han ocupado la atención pública. Pero existe otra dimensión que merece igual seriedad: el mercado interno de drogas. El desafío no se encuentra únicamente en nuestras fronteras; también está en la capacidad de impedir que las economías criminales se arraiguen en la vida cotidiana.

Sus consecuencias van más allá de las estadísticas. La presencia de mercados ilegales de drogas representa riesgos para las familias y, especialmente, para niños y adolescentes. El reclutamiento de jóvenes por estructuras delictivas amenaza sus oportunidades de desarrollo. La respuesta exige prevención, educación y oportunidades para jóvenes vulnerables.

Frente a esta realidad, Guatemala necesita una estrategia que evolucione junto con las amenazas. Las capturas y los decomisos son fundamentales, pero deben acompañarse de inteligencia criminal, investigación financiera y coordinación entre instituciones. Perseguir únicamente las manifestaciones visibles del delito, sin debilitar sus fuentes de financiamiento, limita la posibilidad de obtener resultados duraderos.

También es justo reconocer el esfuerzo de los integrantes de las fuerzas de seguridad que diariamente arriesgan su vida para proteger a los ciudadanos. Necesitan formación especializada, recursos, tecnología y respaldo institucional. Modernizar la respuesta no significa descalificar lo que ya se hace, sino fortalecerlo con una visión de largo plazo.

La seguridad no puede depender de respuestas improvisadas ni de acciones aisladas. Requiere planificación, continuidad y una política de Estado capaz de anticipar las transformaciones del crimen organizado. Los cambios de autoridades deben traducirse en capacidades institucionales más sólidas, no en empezar de cero cada vez que se modifica la estructura de mando.

La ciudadanía también tiene un papel decisivo. Si conoce hechos de narcomenudeo, homicidios, extorsiones o reclutamiento de jóvenes, puede compartir información de forma anónima con Crime Stoppers Guatemala por WhatsApp al 3764-1561. La denuncia anónima permite compartir información sin revelar la identidad, contribuyendo a que las autoridades investiguen. El silencio favorece a quienes viven del miedo. Siempre hay alguien que tiene algo que decir.

Que las pandillas cambien de negocio es una amenaza. Que el Estado no cambie su estrategia para enfrentarlas sería una irresponsabilidad imperdonable.