La designación de Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030ha provocado expectativas entre distintos sectores de la sociedad, que se han pronunciado sobre el proceso realizado por el presidente Bernardo Arévalo, el cual, aseguran, es importante para el “mantenimiento de la institucionalidad” en el país.

Analistas consultados que le dieron seguimiento al proceso de elección del nuevo fiscal general desde la conformación de la comisión de postulación correspondiente, coinciden en que Gabriel García Luna era el profesional que más se separaba de la línea de los otros cinco candidatos incluidos en la nómina enviada al gobernante por la instancia calificadora, por lo que aseguran que no fue difícil para el mandatario hacer la designación. Además, comentaron que se vislumbra mayor independencia y estabilidad en el Ministerio Público, con el nombramiento del profesional.

Designación esperada

Según indica Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Projusticia, el nombre de Gabriel García Luna ya se mencionaba desde el 2024, cuando se pensó que el presidente Bernardo Arévalo destituiría a Consuelo Porras. También recordó que el nuevo fiscal general formó parte de la nómina de candidatos que integró la Comisión de Postulación en el 2022, y de la cual el presidente Arévalo debía escoger al eventual sustituto de Porras.

“García Luna era mencionado desde el 2024 cuando todos pensaban que el presidente iba a destituir a Consuelo Porras. Todos esperaban que de esa nómina —del 2022— donde estaban García Luna, Henry Elías Wilson, Néctor Guilebaldo de León, Darleene Monge y Jorge Luis Donado, el presidente iba a elegir a García Luna para completar el período de Porras”, afirma Ibarra.

Asimismo, el politólogo Renzo Rosal también indica que era de esperarse la designación de García Luna por parte del presidente. Además, resaltó el momento en que el mandatario tomó y anunció su decisión, luego de ser notificado por la postuladora sobre la inexistencia de impugnaciones a la nómina de seis candidatos, algo que, según indica, ayudó a “frenar maniobras de sabotaje” de grupos o sectores interesados en evitar que se realizara la designación del fiscal general.

“Estaba bastante claro que de los seis candidatos el licenciado García Luna era el perfil que se separaba de los otros cinco y que era el que uno podía pensar, a priori, como el que tenía más posibilidades de ser electo. El manejo de los tiempos fue relativamente adecuado. El haber hecho la designación el pasado lunes ayudó a imposibilitar las acciones de sabotaje y la presentación de recursos ante la Corte de Constitucionalidad”, asegura.

No obstante, aunque Arévalo hizo la designación de García Luna como nuevo fiscal general,el Ministerio Público debe ser un ente independiente, que realice la investigación penal de manera objetiva y sin estar al servicio del Gobierno de turno ni de intereses particulares que puedan beneficiar a determinados grupos o sectores, afirma Christa Walters, presidenta del Movimiento Cívico Nacional, quien además destacó la importancia de la independencia que debe tener el Ministerio Público frente al Organismo Ejecutivo, así como los riesgos que podría implicar la politización de la justicia en el país.

“El presidente los designa, pero eso no significa que esté al servicio del presidente de turno que lo eligió. Creo que los ciudadanos esperamos que no se politice, aún más, esa decisión, es decir, para ser fiscal general no se debe tener una mentalidad de responderle al presidente o ser afín a él solo porque lo eligió. La expectativa es que sea una administración imparcial, independiente de cualquier actor político; eso es lo número uno”, afirma Walters.

Cese de las diferencias

Sobre el enfrentamiento y las diferencias existentes entre el Ejecutivo y el MPdurante la administración de Consuelo Porras, Rosal considera que ha sido una situación que “no le hace bien al país”, por lo que se esperaría que con la administración de García Luna haya mayor estabilidad para el Ejecutivo, lo cual le permitirá tener más libertad de acción en otros aspectos concernientes al Gobierno.

“Pasemos ya del escenario de un enfrentamiento, de una hostilidad tan fuerte como la hubo entre este gobierno y la actual fiscal —Porras—. Eso no le hace bien al país. Creo que la designación le permitirá mayor espacio de oxigenación y estabilidad al Ejecutivo para poder emprender en la recta final de su gobierno varias tareas y acelerar el paso”, asegura.

Por su parte, Walters indica que estas “diferencias” han ido en detrimento, principalmente, del ente investigador, por lo que se esperaría un cambio en esta dinámica.

“A los ciudadanos nos tocó ver lo que pareciera una novela entre el presidente y la fiscal general, unos diciendo una cosa, otros reclamando otras cosas, y considero que eso ha ido en detrimento de la institución —del MP—. Creo que los ciudadanos esperamos que no se politice aún más la decisión”, agrega.

Acompañamiento de un buen equipo

Un aspecto que será de suma importancia, según los expertos consultados, es la conformación del equipo de trabajo del nuevo fiscal general, el cual consideran clave para llevar a cabo de buena manera su labor. De acuerdo con Ibarra, es muy importante que el nuevo fiscal pueda dar a conocer quiénes serán parte de este equipo y tendrán un papel clave en puestos como la Secretaría General, la Secretaría de Política Criminal y fiscalías importantes como la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), entre otros cargos.

“Es muy importante que el nuevo fiscal pueda dar a conocer en el menor tiempo posible quiénes estarán ocupando cargos importantes como el secretario general, el secretario de Política Criminal y al frente de fiscalías como la Feci, esto como parte de la transparencia en su gestión”, afirma Ibarra.

En este sentido, Rosal también considera necesario que el nuevo fiscal general cuente con un buen equipo que le permita llevar por buen camino a la institución.

“El licenciado García Luna debe prepararse de la mejor forma posible para encarar una tarea que va a ser muy compleja. Por un lado, manejar las expectativas ciudadanas y, por otro, encarar la recomposición del Ministerio Público. Recordemos que el Ministerio Público es una institución muy personal, pero el licenciado García Luna tendrá que hacerse acompañar de un buen equipo que le permita, precisamente, en conjunto, enderezar la institución”, concluye Rosal.

Reforma a la ley del MP

Previo a que el presidente realizara el anuncio sobre la designación de Gabriel García Luna como fiscal general, en el Congreso los diputados de varios bloques opositores buscaron consensos para aprobar las reformas a la Ley del Ministerio Público, con el objetivo de devolver al presidente la potestad de destituir al fiscal general, esto a cambio de posibles votos para aprobar la ley contra el Lavado de Dinero.

Sobre este asunto, Rosal advierte de que estos cabildeos surgen de aquellos bloques legislativos que creen tener oportunidades de ganar la presidencia en las elecciones del 2027 y que estarían dispuestos a destituir al fiscal general nombrado por Arévalo.

“El tema de intercambiar los votos favorables a la ley antilavado, intercambiarlos por reformas a la ley orgánica del Ministerio Público, para devolver la capacidad al presidente de turno de poder sustituir al fiscal general, eso se hace con vistas al proceso electoral del otro año. Está claro que un conjunto de partidos que consideran que de pronto pueden tener algunas oportunidades de ganar la presidencia en el 2027 quisieran desde ya anunciar que buscarían destituir al fiscal general”, asegura.

Walters considera que por parte de los diputados se debería hacer un análisis detallado acerca de este asunto y no únicamente responder a situaciones del momento o de coyuntura para obtener algún beneficio.

“Hay que tener cuidado en que no responda a lo que se está viviendo, porque eso puede tener repercusiones en el futuro y no necesariamente buenas. No deberían cambiarse o reformarse leyes para responder a un momento o una coyuntura porque luego pueden salir al revés”, afirmó.

Ibarra cree necesaria una reforma a la ley del MP encaminada a ampliar las causales para que el presidente pueda destituir al fiscal general, pero esta no debe ser “casuística” ni responder a la coyuntura del momento por parte de los diputados.

“Eso es parte de las prácticas deleznables que hacen los diputados en el Congreso. Si bien es necesaria una reforma a la ley del Ministerio Público para ampliar las causas para destituir al fiscal general, esta se debe hacer de una forma correcta y no de manera casuística”, concluye Ibarra.