La Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó una acción constitucional de amparo contra el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Fredy Orellana, luego de que ese órgano jurisdiccional rechazara in limine un recurso de reposición relacionado con la revocatoria de la orden de aprehensión contra el expresidente Jorge Antonio Serrano Elías, se informó este viernes 6 de marzo.

Según la institución, el recurso fue interpuesto contra la resolución judicial que dejó sin efecto la orden de captura vigente contra el exmandatario, señalado por diversos delitos vinculados con el golpe de Estado del 25 de mayo de 1993, conocido como el Serranazo.

La PGN sostiene que el juzgador argumentó que esa institución no figura como sujeto procesal en el expediente, pese a que ha comparecido a audiencias y ha actuado como parte agraviada dentro del proceso.

De acuerdo con la Procuraduría, impedir al Estado ejercer los mecanismos legales de impugnación restringe su derecho de defensa y limita el acceso a la justicia, lo cual afecta los intereses estatales y las garantías del debido proceso. La institución indicó, en un comunicado, que continuará defendiendo los intereses del Estado por todos los medios legales disponibles para garantizar el respeto al orden jurídico y la plena vigencia de la Constitución y del Estado de Derecho.

Revocatoria de órdenes de captura

El pasado 18 de febrero, el Ministerio Público (MP) confirmó que el juez Séptimo Penal, Fredy Raúl Orellana Letona, revocó las órdenes de captura contra Serrano Elías. Aunque no se precisó la fecha en que se anuló la orden de aprehensión, el Departamento de Información y Prensa del MP informó que la Fiscalía de Delitos Administrativos manifestó su oposición a esa resolución mediante la interposición de recursos de impugnación.

Asimismo, el MP indicó que se presentó una recusación contra el juez, conforme a los mecanismos legales establecidos, aunque no detalló las acciones emprendidas.

Inicialmente, el caso contra el exmandatario estaba a cargo del juez Carlos Toledo, del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal. Sin embargo, tras una recusación, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones resolvió trasladar el expediente a la judicatura dirigida por Orellana.

Resolución judicial

Según el MP, el 5 de enero de 2026 el juez Orellana resolvió, sin convocar a audiencia a las partes y con base en una solicitud escrita de la defensa técnica del sindicado, declarar con lugar una actividad procesal defectuosa y revocar las órdenes de aprehensión vigentes.

La resolución fue notificada a la Fiscalía el 6 de enero, por lo que se interpuso un recurso de reposición, el cual fue rechazado por el juzgador. Posteriormente, el 3 de febrero de 2026 se presentó una acción constitucional de amparo, la cual aún se encuentra pendiente de resolución.

El MP también informó que planteó una recusación contra Orellana, que fue rechazada sin ser admitida a trámite. Ante esa decisión se presentó una apelación, resuelta en el mismo sentido. A finales de enero, la Fiscalía promovió una segunda recusación, que también fue rechazada in limine.

Posteriormente, se planteó una nueva actividad procesal defectuosa, que igualmente fue declarada sin lugar. Según el MP, actualmente se analiza la posibilidad de presentar un segundo amparo.

Proceso contra el exmandatario

El MP indicó que la Fiscalía de Delitos Administrativos ha cumplido con su deber constitucional de ejercer la acción penal pública. En ese contexto, recordó que desde 1993 las órdenes de aprehensión contra Serrano Elías han sido reiteradas anualmente.

Como parte del proceso, el 5 de marzo de 2024 el exmandatario fue declarado en rebeldía. Posteriormente, el 8 de octubre de 2025, luego de que el juez Sexto de Primera Instancia Penal se excusara de continuar con el expediente, la Sala de Apelaciones designó a Orellana para conocer el caso.

Serrano Elías reside actualmente en Panamá, país donde permanece desde junio de 1993, luego de salir de Guatemala tras el intento de autogolpe. El 25 de agosto de 1994, las autoridades panameñas notificaron su negativa a extraditarlo a Guatemala, por lo que permanece en ese territorio en calidad de asilado político.

Delitos señalados

El exmandatario es señalado por los delitos de violación a la Constitución, rebelión, desacato a los presidentes de los organismos del Estado, abuso de autoridad, abandono del cargo, usurpación de funciones, abuso contra particulares, encubrimiento propio, peculado, usurpación de atribuciones, fraude, y apropiación y retención indebida.

El Serranazo

El 25 de mayo de 1993, el entonces presidente Jorge Serrano Elías anunció la disolución del Congreso de la República y de la Corte Suprema de Justicia, con el argumento de iniciar un proceso de recuperación del Estado dentro del marco legal.

Según publicaciones de la época, mediante un acuerdo gubernativo denominado Normas Temporales de Gobierno se restringieron garantías constitucionales y se impusieron medidas de censura a la prensa. El anuncio se realizó a través de una cadena nacional.

Días después, el 1 de junio de 1993, Serrano Elías fue destituido y se restableció el orden constitucional. Ese mismo día, el Congreso de la República eligió como presidente a Ramiro de León Carpio.

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