Congreso debe depurar presupuesto 2027, pero…

El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 contempla egresos por Q192 mil millones, de los cuales más de Q45 mil millones se propone financiar con más deuda sobre las espaldas de la ciudadanía. Tales montos por sí solos exigen mucho más que discursos con perogrulladas, negociaciones a escondidas entre bancadas o una discusión en el pleno escenificada con guion escrito por miopes cálculos electoreros. Por eso, el título de este espacio señala la necesidad de que los diputados de la Comisión de Finanzas y todo el pleno escudriñen y depuren este abultado proyecto desfinanciado, le coloquen candados a la ejecución, que privilegien la inversión en infraestructura y fortalezcan las condiciones de transparencia. Pero…

Dicen expertos en retórica, con algo de humor y mucha razón, que todo lo dicho antes de un “pero” parece perder importancia frente a lo que viene después. En este caso no es así, porque la calidad del gasto, la probidad y la necesidad de inversión en desarrollo son imperativos necesarios que constituyen la razón de origen del gasto estatal, y el Congreso es el llamado a fiscalizar como representación de la ciudadanía que se supone es.

Fiascos previos de esta legislatura exhiben la abundancia de intereses mezquinos por encima del bien común, repartos de cuotas de poder y fondos, así como connivencias —incluido el ilícito autoaumento de los diputados— que contravienen la fiscalización técnica del gasto público. El Observatorio del Presupuesto destaca que existe un crecimiento acumulado de 65% en el gasto desde el Presupuesto de 2024: el mayor incremento porcentual de los últimos cinco gobiernos. No se cuestiona en sí el incremento, pero sí la capacidad para financiarlo y la posibilidad de ejecución efectiva y transparente.

Ciertamente, en este presupuesto se incluyen proyectos de estratégica importancia como la ampliación del muelle del Puerto Quetzal, que sin duda alguna se reflejará en una mayor capacidad operativa y mejora de la competitividad del país; pero así como una golondrina no hace verano, es insuficiente que una obra aislada nos pueda sacar del atolladero logístico en el que nos encontramos como país. La ejecución de obra vial para conectar mejor esta instalación con tres regiones del país continúa rezagada y con frecuentes cuellos de botella.

Por si fuera poco tal disfuncionalidad, la mitad del colosal endeudamiento se usaría para funcionamiento, un 18% para pagar deuda previa y un 30% para inversión, que es lo que podría generar nuevos recursos para honrar tales empréstitos. Sin duda alguna, la mayor aberración en el destino de recursos públicos es ese creciente bolsón de recursos destinado a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), en el cual se suman fondos sin ejecutar más la adjudicación anual. Este rubro anómalo comenzó a inflarse desde la discusión del Presupuesto 2025, cuando llegó a Q9 mil 334 millones y que en este 2026 rebasó los Q12 mil millones; de seguir la tendencia, serían unos Q15 mil millones para 2027, a pesar de que no logran ejecutar ni la mitad, con la consiguiente pérdida de tiempo, costo de oportunidad y riesgo de dispendio.

Cada asignación debe ser revisada por la Comisión de Finanzas, que actualmente es presidida por un neófito. Guatemala necesita inversión pública, mejores servicios y atención a enormes carencias sociales. Ninguna de esas necesidades se puede invocar como pretexto para aprobar un presupuesto sin examinar su sostenibilidad, pertinencia y mecanismos de verificación, para que no se convierta en piñata.