Cuando el río truena, es porque piedras lleva, dice el viejo adagio, y si ese río es de dinero público, arrastra codicias, voracidades y afanes revueltos —es decir, planes quizá legítimos y anhelados de inversión en infraestructura de desarrollo, entre los cuales se mimetizan farsas clientelistas, amaños y trasiegos de intereses electoreros—. El actual norte politiquero apunta a detentar cada vez más recursos del erario en demarcaciones ediles y departamentales, en busca de empezar a congraciarse con sendos públicos objetivos, de cara a las elecciones del 2027. Y en esa línea apunta la previsible intención de arrastrar millonarios fondos sin ejecutar este 2025 hacia el presupuesto del 2026, similar a lo que se hizo el año pasado, solo que esta vez el bolsón podría ser de hasta Q23 millardos.

En contraste, la ejecución eficiente de fondos sigue lenta, lo cual evidencia mala planificación, tardanza burocrática y posibles incompetencias a nivel de comunas y Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), en los cuales se entrecruzan los intereses de alcaldes, gobernadores y diputados distritales. Los datos son elocuentes: de Q12 mil 269 millones asignados a Codedes, con todo y arrastre de fondos sin utilizar en el 2024, solo se han ejecutado Q2 mil cien millones: 17 por ciento.

¿Es que acaso no hay necesidades? Por supuesto que las hay, pero la represa de fondos no genera el dinamismo necesario para el uso ágil y eficaz, a causa del aquelarre de avideces, agendas de financistas y hasta los populismos, que usan la pobreza como caldo de cultivo de cascarones electorales. Parafraseando la canción El problema, del cantautor Ricardo Arjona, que ha sido noticia positiva reciente, bien podría decirse: “El problema no es que jueguen, el problema es que es con nuestro dinero, nuestra necesidad y nuestro futuro”.

Durante sus años desde la llanura, los integrantes del grupo oficialista, incluyendo al actual ministro de Finanzas, criticaron los traslados de fondos de un presupuesto a otro. Según la ley, los recursos sin utilizar deben volver al fondo común y ser reasignados para la continuidad o dedicarlos a otros objetivos. No son de ahora los subterfugios legaloides para darles apariencia legal a los bolsones, pero esta vez tales arreglos son propulsados por quienes otrora se rasgaban las vestiduras transparentes. “El problema no es el daño, el problema son las huellas”, dice la misma canción.

Ya en un plano técnico, institucional y de estrategia nacional, es nocivo seguir prolongando este modelo discrecional, de parches onerosos y resultados más bien dudosos. No se puede seguir consintiendo y tácitamente estimulando la tardanza en la construcción de proyectos, las deficiencias de calidad por gastar a la carrera y las nulidades. Se puede presumir de buenas intenciones, pero ya se sabe qué camino está empedrado con ellas, o tal vez solo está balastado, si de pronto no alcanzan los fondos.

Por último, el papel de los diputados distritales no debería ser el de tratantes de influencias, sino de gestores del desarrollo de sus localidades. Procurar que las comunas o los Codedes destinen proyectos a contratistas allegados es una jugada artera y sucia que sigue ocurriendo. Y es eso lo que termina de complicar la acumulación de fondos sin uso. La Presidencia de la República, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural y las entidades gubernamentales involucradas deberían pasar en limpio una hoja de ruta para una nueva ley de contrataciones, para un plan de inversión pública coherente que pueda cristalizarse en una agenda interpartidaria de prioridades. Y la ciudadanía no debería quedar indiferente a las acciones u omisiones de bancadas y grupos que en dos años pedirán su voto.