La libertad de expresión es el bastión de otras libertades y pertenece a los ciudadanos. No es monopolio de los periodistas, pero sí su amparo para buscar datos, generar información y con ello servir a su audiencia, sea hiperlocal, nacional o internacional. En una auténtica aldea global, como la que se avizoraba décadas antes del internet, las voces múltiples, con diversidad de posturas, enriquecen el debate en busca de mejores derroteros para el desarrollo humano integral. Por ello desde 1993, la Organización de Naciones Unidas declaró el 3 de mayo como el Día de la Libertad de Prensa, como corolario de previas convenciones acerca de la necesidad pública del acceso a la información y su difusión sin cortapisas ni censuras.

Por desgracia, abundan los despotismos y las intolerancias en todas partes del mundo. El más reciente informe de Reporteros sin Fronteras expone cómo más de la mitad de 180 países evaluados están en una situación “difícil” o “muy grave”, a causa de la represión, amenazas, intimidaciones, procesos judiciales inicuos y asesinatos.

Guatemala tiene una cierta mejora, pero no termina de asegurar la protección de periodistas. El 26 de abril fue ultimado a balazos el periodista departamental Carlos Humberto Cal, de San Cristóbal Verapaz. Periodistas y entidades de prensa de todo el país repudiaron el hecho, al vincularlo con su ejercicio informativo. Tal crimen hace recordar nombres y legados de decenas de comunicadores que han sufrido violencia, secuestros y atentados a causa de sus ideales. Pero es allí donde la necedad de los intolerantes choca contra el incólume risco de la convicción de servicio y valores de nuevas generaciones de periodistas en Guatemala y el mundo.

La libertad de prensa es un derecho, pero se sostiene y se mantiene gracias a la confianza del público lector, oyente o televidente. Denuncias con datos, nombres y nexos, cifras que no cuadran o discursos porosos les resultan incómodos a numerosos politiqueros, funcionarios venales, jueces o magistrados con adeudos de favores, o incluso oscuros financistas de inframundos ilícitos; pero así como el agua siempre busca un cauce, la verdad siempre sale a luz.

El 25 de agosto del 2025, la Corte de Constitucionalidad dictaminó la improcedencia de una acusación del Ministerio Público en contra de periodistas y columnistas del desaparecido elPeriódico, por ejercer su derecho constitucional de libre emisión del pensamiento, al denunciar vicios en el proceso contra el periodista Jose Rubén Zamora, quien pasó mil 295 días en prisión “preventiva”, en dos períodos, sin que se le lograra probar ni uno solo de los supuestos delitos señalados por el MP. La cárcel se prolongó por dilaciones, recusaciones y hasta una revocatoria de medida sustitutiva emitida en el 2025 por la Sala Tercera de Apelaciones, que tiene un claro patrón de fidelidades.

No entienden ni comprenden los déspotas, declarados o de clóset, que la libertad de prensa y de expresión no es solo de los periodistas, sino de la gente que quiere saber sobre cómo se maneja el erario, cómo se atienden —o no— las necesidades del desarrollo o quién abusa del poder público. Por eso buscan intimidar o acallar. Pero, para su desconsuelo, hasta el propio Salvador del Mundo lo dijo: “No hay nada oculto que no llegue a saberse”.