Cuando en una situación hay contrastes, en donde lo bueno y lo malo se combinan, se usa la expresión que tiene su origen en la construcción, donde la cal y la arena se mezclan para formar el mortero, aplicable a la declaración sobre Guatemala de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de junio pasado.

Por un lado, para “elevar la inversión privada desde los bajos niveles actuales se requieren insumos públicos complementarios —infraestructura, mano de obra capacitada y saludable, seguridad— que solo pueden proporcionarse adecuadamente aumentando simultáneamente el gasto público y mejorando su calidad”.

Las prioridades legislativas clave incluyen la aprobación de la nueva Ley antilavado de dinero y en contra del financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) conforme a estándares internacionales, la Ley de beneficiario final, la Ley de protección de denunciantes, las reformas a la Ley de asociaciones de la infraestructura económica (ANADIE), la nueva Ley de puertos, la reforma a la Ley de bancos y grupos financieros, la nueva Ley del mercado secundario de valores y la ley de dinero electrónico, son algunas carencias del marco legal guatemalteco, que dificultan que Guatemala pueda alcanzar el anhelado “grado de inversión”, al mismo tiempo que obstaculiza las posibilidades de un desarrollo más acelerado. Y todas estas iniciativas de ley ya existen, pero están durmiendo el sueño de los justos en más de alguna gaveta del Congreso de la República. Además, una “nueva ley de compras y adquisiciones podría aliviar los cuellos de botella en la ejecución del gasto de capital”.

Lamentablemente, señala el FMI, existe “el riesgo de que las tensiones políticas actuales obstaculicen el avance de las iniciativas legislativas”; y que la irresponsabilidad de la clase política afecte al país, en un momento que bien podría aprovecharse para ubicarlo como un atractivo destino de inversiones.

A mediano plazo, el FMI recomienda reducir los déficits fiscales en torno al 2% del PIB, a fin de preservar la sostenibilidad de la deuda bruta del gobierno central, que en el futuro estaría rondando el 30% del PIB.

Por otro lado, la “gestión macroeconómica prudente ha respaldado la resiliencia de Guatemala, lo que ha permitido mantener una inflación baja, unos colchones de política sólidos y un superávit sostenido en la balanza de cuenta corriente”.

Mientras el PIB creció en 3.7% en 2024, impulsado por el consumo privado, se prevé que el crecimiento real del PIB en 2025 sea del 3.8%, cuando el impulso fiscal ayude a amortiguar los efectos del debilitamiento de la demanda mundial y la elevada incertidumbre.

El FMI reconoce los esfuerzos anticorrupción de las autoridades gubernamentales, enfrentando un contexto político y judicial adverso, señalando que para mejorar la calidad y eficiencia del gasto es necesario reforzar la formulación, focalización, ejecución y control del presupuesto.

Para mantener la estabilidad financiera se requiere una supervisión estrecha y continua del sistema bancario y financiero, por lo que reconocen los avances en el fortalecimiento del marco reglamentario y mejora de la normativa de riesgo crediticio, pruebas de estrés rigurosas, ampliación de la supervisión basada en riesgos, con la inclusión voluntaria de las Cooperativas de Ahorro y Crédito al sistema de información de riesgo crediticio.

En resumen, continuaremos perdiendo oportunidades, creyendo que seguiremos relativamente bien, cuando nos están urgiendo a cambiar nuestro indolente proceder ante un futuro que se prevé menos propicio. ¿Quién con una luz se pierde?