El Estado cuenta con un fondo para emergencias disponible para ser utilizado ante cualquier catástrofe. El monto asciende a Q110 millones, asignados a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), los cuales no han sido activados en lo que va del año, según una discusión reciente en la Comisión de Vivienda del Congreso.

El artículo 119 del Decreto del Presupuesto General del 2025 establece una asignación de Q110 millones para la atención de emergencias. Este fondo puede ser utilizado tras la declaratoria de Estado de Calamidad, avalado por el Congreso.

De no invertirse, al final del año los recursos remanentes se transfieren a un fondo emergente, administrado por el Ministerio de Finanzas. Dicho fondo puede destinarse a obras de mitigación propuestas por las municipalidades o empresas municipales.

Además, existe un fondo emergente de Q690 millones para obras de mitigación que pueden utilizarse sin necesidad de declarar un Estado de Calamidad.

Prioridad

La asignación presupuestaria de Q110 millones para el 2025 establece como prioridad la mitigación y prevención de desastres. Sin embargo, a la fecha no hay ningún proyecto en ejecución con dichos fondos. Hasta hace pocas semanas, tampoco existía una ruta administrativa para acceder a ellos.

Algunas alcaldías han presentado solicitudes para obras de mitigación; hasta ahora suman 127, las cuales están bajo evaluación. Ni en la citación en el Congreso ni en consultas directas fue posible que Conred detallara la totalidad de las obras requeridas ni su localización.

“Alcaldes de todos los departamentos han postulado los proyectos que ellos consideran urgentes, por lo que se está evaluando cuáles son prioritarios por la época de lluvias”, puntualizó Conred durante la reunión con diputados.

Aunque por ahora no se conocen los proyectos evaluados, Conred mencionó que en la ciudad capital se presentaron propuestas para la zona 18, zona 21 y el barrio El Gallito, en la zona 3.

Sin ejecución

El país está expuesto a fenómenos naturales, como los sismos por actividad de la falla de Jalpatagua, que pusieron en alerta a la población. En conferencias de prensa, se cuestionó al presidente Bernardo Arévalo si se utilizaría el fondo de Q110 millones para atender las necesidades. La respuesta fue negativa, ya que hay disponibilidad presupuestaria en otras dependencias y no es necesaria la declaratoria de Estado de Calamidad.

Remanente de ejercicios anteriores

Los fondos no utilizados de años anteriores suman Q690 millones, según informó la secretaria ejecutiva de Conred, Claudinne Ogaldes, durante la citación en la Comisión de Vivienda.

Los diputados participantes cuestionaron el uso de los recursos. “Acá el hallazgo más importante es que, pasado el medio año, este Gobierno no tenía un procedimiento para ejecutarlo”, señaló la diputada Nadia de León, presidenta de la comisión.

Agregó que, por petición de esa sala de trabajo, el Consejo de Ministros aprobó la ruta administrativa para la revisión y aprobación de los proyectos. Además, la comisión dará seguimiento a la ejecución de los fondos.

“Es una ingratitud. En un país altamente vulnerable ambientalmente es importante que se ejecute”, detalló De León, al destacar el uso que pudo haberse dado ante los recientes sismos.

Desconocimiento

El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero, aseguró que desconocía el procedimiento y la posibilidad de solicitar obras mediante ese fondo. Esa condición se extiende a otros alcaldes.

Comentó que Conred coordina con las alcaldías la instalación de albergues y el requerimiento de raciones de comida y catres en situaciones de emergencia, pero nunca se les ha informado sobre proyectos de mitigación.

“Desconocemos sobre esos fondos y obras con el Cuerpo de Ingenieros”, insistió Siero.

Procedimiento

El artículo 119 de la Ley del Presupuesto delimita el uso de los fondos para mitigación ante emergencias. La norma asigna a Conred la valoración de las obras en función del número de afectados, el impacto en la economía y el comercio local, para emitir la constancia que permite crear los proyectos.

En la ruta ya establecida, es responsabilidad de la municipalidad atender los requerimientos de Conred, que luego verifica su cumplimiento. La aprobación de las obras corresponde al Consejo Nacional, conformado por diez entidades del sector público y privado. La ejecución queda a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.