La designación del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) por parte del presidente Bernardo Arévalo está a las puertas,ya que el próximo 17 de mayo deberá asumir el sucesor de Consuelo Porras, quien ostentó el cargo durante ocho años.

Con la designación de un nuevo fiscal general, algunos diputados y analistas consideran que puede ser un momento adecuado para que en el Congreso se aborde nuevamente el asunto de las modificaciones a la Ley del Ministerio Público, con la finalidad de devolver al presidente la facultad de destituir al fiscal general.

Cabe recordar que en el 2016 el Congreso aprobó las reformas a la ley del MP, en las que se modificó el artículo 14 de la normativa para que la única causa por la que el presidente pueda destituir al fiscal general sea por la comisión de un “delito doloso” durante su gestión, siempre y cuando haya una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada.

Esta situación fue la causa por la cual el presidente Arévalo no pudo destituir a Porras, con quien mantuvo diferencias desde antes de que tomara posesión del cargo, debido a las investigaciones sobre supuesto fraude en las elecciones del 2023 y otros casos que fueron abiertos por el ente investigador, en los que se ha tratado de involucrar al gobernante y sus allegados, así como a funcionarios y diputados oficialistas.

Momento adecuado

Según indica el diputado Samuel Pérez, del bloque oficial, con la designación del nuevo fiscal general sería el momento adecuado para retomar la discusión para reformar la ley orgánica del Ministerio Público.

“Yo creo que esto también tiene que abrir espacio a tener una discusión sobre la Ley Orgánica del Ministerio Público, específicamente en la parte de nombramiento y remoción del fiscal general, que ahorita está blindada en un extremo y hay que procurar que sea en cumplimiento de la Constitución, porque el presidente es quien nombra y que sea él quien también pueda remover”, afirmó el congresista.

Según Pérez, la reforma sería propicia para “evitar” que el fiscal general “cometa abusos y se exceda en sus funciones como lo hizo Consuelo Porras”.

El diputado José Chic, del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), considera que el asunto de las modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público debe abordarse con seriedad. También resalta que, con anterioridad, ya se ha intentado modificar el artículo 14 de esta ley en el contexto de la fiscal general Porras, pero hubo oposición por parte de los congresistas que no apoyaron en su momento la modificación de la citada norma.

“Ya en su momento se trató de reformar el artículo 14 en función de lo que estaba sucediendo con Consuelo Porras. Ahí vimos que mucha gente se opuso a eso. En este contexto habrá que discutir si eso vale la pena o no, si es necesario, dado que estamos ante el nombramiento de un nuevo fiscal general, pero también estamos cercanos al cambio de gobierno”, asegura.

Chic considera que la potestad que pueda tener el presidente para remover al fiscal general debe tener una discusión amplia; además, indica que una reforma a la ley del MP debe ser integral y no coyuntural, ya que, según afirma, no se puede aprovechar una “crisis inmediata” para hacer cambios parciales a la ley.

En cuanto a si por parte del bloque oficial se estaría impulsando en este momento la reforma a la ley del MP, el diputado Pérez afirmó que por parte de los legisladores del bloque oficial “no se abordará en este momento el tema”.

“Yo no creo que nosotros vayamos a mover eso particularmente, sino que debería ser un consenso amplio, no solo de los diputados, sino que en general de la sociedad guatemalteca, escoger un modelo democrático como pasa en otros países. Por ejemplo, que nomine el Congreso y que sea el presidente quien decida, pero seguir politizando espacios como las universidades o el Colegio de Abogados es inadecuado para designaciones políticas como el fiscal general”, aseguró.

Reforma es necesaria

A criterio de varios analistas y expertos consultados, es necesario realizar la reforma a la ley del Ministerio Público con la finalidad de devolver al presidente la potestad de remover al fiscal general, así como para ampliar las causales para su destitución, siempre tomando en cuenta los aspectos establecidos por la Constitución en cuanto a las funciones y atribuciones, tanto del presidente como del fiscal general.

Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, indica que es necesario ampliar las causas de destitución del fiscal general, de manera que el presidente recupere la atribución constitucional para removerlo, pero también advierte de que se deben tener límites claros para evitar abusos en dicha atribución.

“Tiene que haber un trabajo muy delicado de parte del Congreso, cauteloso y delicado para que, quien sea el presidente, recupere esa atribución constitucional, siempre y cuando haya límites. Que no se pueda destituir a alguien solamente porque no le cae bien o porque no comparten posturas políticas”, afirmó.

Según Ibarra, la normativa actual “ata las manos al presidente”, así como a cualquier autoridad, para remover a un fiscal que sea “negligente, ineficiente o perverso”.

“Esa única causa que quedó como causal de destitución no es bueno que permanezca porque lógicamente, cuando se ve una situación de encarcelamiento porque está cumpliendo una pena de prisión, lógicamente tenía que dejar el cargo; no es necesario que eso esté en ley”, aseguró Ibarra, quien además señala que la gestión de Porras y su cúpula en el MP “se convirtió en un instrumento de persecución política y eliminación de adversarios”.

Por su parte, Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), considera que la reforma a la ley del MP debe tener un balance.

En este sentido, critica el extremo de la “inamovilidad absoluta” del fiscal general, así como el extremo establecido en la propuesta enviada al Congreso por el presidente Bernardo Arévalo, en la que se pretende convertir al fiscal general en un “subordinado” del Ejecutivo.

“Lamentablemente el presidente, en una iniciativa que presentó, era buscar el efecto contrario a lo que dice la Constitución porque, de ser intocable el fiscal general, ahora lo convertía en un subordinado del presidente. Entonces, de un extremo se pasó a otro y por eso no pasó jamás esa iniciativa. Siempre es muy prudente que haya una propuesta equilibrada porque, al final de cuentas, ahora al presidente, como va a elegir su fiscal, a él le va a convenir que su fiscal sea inamovible, porque su fiscal también va a ser fiscal con un nuevo presidente”, asegura Quezada, quien además cree que la reforma vigente, impulsada por la Cicig en favor de Thelma Aldana, fue completamente “absurda”.

En cuanto a una reforma a la ley del MP, Quezada resaltó que esta debe ir enfocada en tres ejes constitucionales. El primero, la potestad del nombramiento y destitución por parte del presidente sin convertirlo en subordinado; el segundo, la autonomía funcional de la que goza el Ministerio Público; y el tercero, tomar en cuenta que el fiscal general goza de las mismas prerrogativas e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, Óscar Morales, analista independiente, opinó que una reforma a la ley del MP no debe ser casuística ni coyuntural, sino consensuada, transparente y técnica.

“El Ministerio Público tiene que rendirle cuentas a la sociedad guatemalteca. No puede ser una institución sin rendimiento de cuentas, eso para empezar. El artículo que se tiene que reformar en la ley del Ministerio Público tiene que ser estudiado a fondo y no con intereses políticos. Si se hace eso, creo que es procedente, conveniente y necesario reformar la ley para tener un mecanismo idóneo y profesional de cómo remover al fiscal general”, aseguró.

Sobre si este es el momento adecuado para llevar a cabo una reforma a la ley del ente investigador, Morales considera que “no es el más propicio”, debido a los tintes electorales que pudieran darse en el Congreso,ya que este es un año preelectoral como consecuencia de los comicios que se realizarán en el 2027.

“Puede tener un interés electoral, pero también puede tener un interés político. Como viene la elección del presidente, puede que el mandatario que venga esté cambiando al fiscal si no le gusta. Es una herramienta de dos filos. Yo creo que el interés de los diputados puede estar sesgado en este momento. Es importante que se empiece a discutir y que se busque el momento ad hoc para que se defina si este u otro Congreso lo va a reformar porque, si la reforma es buena, no importa qué Congreso lo haga, pero si la reforma está sesgada o tiene un interés particular de que el futuro presidente haga lo que quiera con el MP, entonces estaríamos mal”, concluyó el experto.