No han pasado 183 días del 2025, pero 122 de ellos ya están marcados, históricamente, por altas temperaturas que superan promedios, y 95 de estas jornadas sofocantes son claramente atribuibles a factores asociados con el cambio climático. Hasta el notorio retraso en la entrada de la época de lluvias tiene relación con este fenómeno planetario.

Pese a que existen mentes obtusas que aún niegan el calentamiento global y lo atribuyen a supuestos bulos y conspiraciones contra el progreso, pueden más las evidencias científicas y la propia experiencia colectiva de calores crecientes, cada vez más intensos, prolongados y de consecuencias severas para la agricultura, el abasto de agua y la seguridad alimentaria.

La cuenta de 95 días con temperaturas extremas, incluso en regiones del país que solían ser templadas, forma parte de un monitoreo global, en el cual también figuran otros países centroamericanos y latinoamericanos. Tal extensión del radio del impacto climático no es ningún consuelo porque lo que está en juego no es una sensación térmica, sino la calidad de vida de naciones enteras e incluso la sobrevivencia humana a largo plazo.

A este respecto cabe recordar las indolencias, las criminalidades y hasta las justificaciones economicistas que se entrelazan como causales de una vasta destrucción de zonas forestales de América, incluyendo Guatemala. Muchas de ellas ni siquiera tenían vocación para la agricultura, la ganadería o la ocupación humana pero se talaron en nombre de dudosos beneficios. Su función natural era ser imanes de las lluvias y propiciadoras de retención de agua que posteriormente alimenta manantiales y riachuelos.

Las reforestaciones con especies exógenas, inadecuadas para latitudes y tipos de suelos guatemaltecos, son otro factor de cambio. Por ejemplo, en zonas de Alta Verapaz y Baja Verapaz hay extensas áreas donde se sembraron eucaliptos, especie que más bien consume el agua, en lugar de conservarla. Se hizo con buena intención, pero pésimos resultados a la larga.

En este contexto, es necesario que el Estado de Guatemala adopte medidas pertinentes y firmes respecto de la protección de los remanentes de bosque, sobre todo en áreas declaradas como protegidas hace más de tres décadas. Las municipalidades también pueden hacer mucho al proteger los cinturones verdes sobrevivientes. Si bien es necesaria y loable la expansión de opciones habitacionales, estas deben respetar normas ambientales de beneficio general.

Recientemente se anunció un plan de rescate del mayor río de Guatemala: el Motagua, el cual, por desgracia, es el más contaminado del continente. Arrastra basura y aguas servidas desde la propia capital del país y municipios metropolitanos. El proyecto busca instalar plantas depuradoras, retener los desechos sólidos e incluso aprovechar su caudal para la generación de energía.

Sin embargo, se necesita del concurso de autoridades centrales y ediles. Los antecedentes son malos, pues existen alcaldes clientelistas y miopes que han intentado sabotear la obligatoriedad de instalar plantas de tratamiento de aguas y el reglamento de disposición de basura. No obstante, también los ciudadanos tenemos una responsabilidad personal y familiar. Debemos cambiar actitudes para emprender acciones que protejan los recursos naturales. Conservar y apreciar el agua, clasificar los desechos, exigir la conservación de zonas de recarga hídrica. Porque si no cambiamos, la naturaleza nos cambiará las condiciones de vida.