El Consejo de la Unión Europea (UE) informó este jueves 12 de junio que decidió imponer medidas restrictivas contra tres personas y una entidad “relacionadas con acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho en Guatemala”.

Afirmó que el Consejo “sigue profundamente preocupado por las acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho en Guatemala, incluyendo la persistente instrumentalización del sistema de justicia”.

“El Consejo está especialmente preocupado por los continuos ataques contra el gobierno democráticamente electo del presidente Arévalo y el uso indebido de medidas legales y procesales contra funcionarios electos, defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y operadores judiciales independientes”, afirmó.

Indicó que, por ello, el Consejo ha incluido en su lista a la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), a su presidente Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdés y a su representante legal Raúl Amílcar Falla Ovalle “por acciones que atentan contra el Estado de derecho en Guatemala, consistentes en persecución e intimidación a representantes de los medios de comunicación, a abogados, jueces y fiscales”.

“FCT y sus miembros atacados han iniciado una multitud de investigaciones criminales contra operadores de justicia, periodistas y representantes del gobierno, y han intimidado a la sociedad civil y al poder judicial”, afirmó la UE.

Además, el Consejo ha impuesto medidas restrictivas al juez de Primera Instancia Penal del Juzgado Décimo de Primera Instancia de Guatemala, Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, “por acciones que atentan contra la democracia y el Estado de derecho en Guatemala, como la persecución e intimidación a los representantes de los medios de comunicación, y a los abogados y fiscales en Guatemala”

Según la información, las medidas restrictivas de la UE se aplican ahora a ocho personas y una entidad en Guatemala.

Qué implican las medidas restrictivas

Las personas designadas están sujetas a una congelación de activos, y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido ponerles fondos a su disposición. Además, las personas físicas están sujetas a una prohibición de viaje, que les impide entrar o transitar por los territorios de la UE.

“Estas sanciones selectivas están diseñadas precisamente para exigir responsabilidades y afectan únicamente a quienes participan, apoyan o se benefician de acciones que socavan la democracia, el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala. No constituyen, en ningún caso, sanciones contra Guatemala, su población ni su economía”, explicó el Consejo.

“La UE y Guatemala mantienen una larga colaboración y la UE mantiene su compromiso de apoyar la democracia en el país. La Misión de Observación Electoral de la UE de 2023, la clara postura de la UE en defensa de los resultados electorales, su apoyo a la buena gobernanza y las sanciones específicas mencionadas forman parte de este esfuerzo”, destacó.

Afirmó: “la UE seguirá trabajando con el Gobierno guatemalteco y todos los sectores de la sociedad para apoyar una agenda nacional positiva e invertir en un desarrollo inclusivo y sostenible en beneficio de todos.

Explicó que para apoyar la transición democrática y respetar la voluntad del pueblo guatemalteco respecto del gobierno elegido democráticamente, la UE adoptó el 12 de enero de 2024 un marco específico para medidas restrictivas respecto de Guatemala, a fin de exigir responsabilidades a quienes socaven la democracia, el Estado de derecho u obstruyan una transición democrática tras las elecciones generales de 2023, que dieron como resultado una clara victoria del presidente Bernardo Arévalo, como lo atestiguó la Misión de Observación Electoral.

Motivos de inclusión en la lista

Según la UE, “la FCT participa en una campaña de enjuiciamientos penales por motivos políticos dirigida por la FiscalíaGeneral de Guatemala contra periodistas, fiscales y jueces que han participado en la denuncia de la corrupción y la impunidad en Guatemala, así como contra el Gobierno de Guatemala, elegido democráticamente, en particular el presidente Bernardo Arévalo”.

“La FCT ha incoado multitud de investigaciones judiciales contra distintos intervinientes en el sistema judicial, periodistas y representantes del Gobierno mediante la presentación de denuncias penales y la intervención como tercera parte demandante en causas penales que no respetan los derechos fundamentales de los demandados”, afirmó la UE.

“A través de dichas actuaciones, la FCT participa en acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho en Guatemala, entre las que se encuentran la persecución y la intimidación de representantes de los medios, abogados, jueces y fiscales”, aseguró.

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De acuerdo con la UE, a través de dichas actuaciones, Raúl Falla Ovalle participa en acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho en Guatemala, entre las que se encuentran la persecución y la intimidación de representantes de los medios, abogados, jueces y fiscales.

Afirmó la UE que Ricardo Méndez Ruiz Valdés también participa en acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho en Guatemala, entre las que se encuentran la persecución y la intimidación de representantes de los medios de comunicación, abogados, jueces y fiscales.

Motivo de sanción contra juez

A decir de la UE, el juez Jimi Bremer Ramírez “ha emitido órdenes de arresto y ha autorizado investigaciones basadas en acusaciones falsas, y además ha suspendido las vistas de dichos procesos, limitando así el derecho de los demandados a una audiencia pública, el acceso a la justicia y el derecho a un juicio justo”

“Como juez supervisor, Jimi Bremer Ramírez autorizó en febrero de 2023 la solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que depende del Ministerio Público, de investigar a varios periodistas de los periódicos El Periódico y Prensa Comunitaria, a raíz de su cobertura de la corrupción de alto nivel en Guatemala”, remarcó la UE.

También, “suspendió y retrasó las vistas del fundador de El Periódico, Jose Rubén Zamora, en al menos seis ocasiones en una de las causas penales contra él. Además, Jimi Bremer Ramírez dilató los procesos en las causas penales contra los antiguos fiscales Stuardo Campo y Eduardo Pantaleón, y contra la abogada de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Claudia González Orellana”.

“A través de dichas actuaciones, Jimi Bremer Ramírez participa en acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho en Guatemala, entre las que se encuentran la persecución y la intimidación de representantes de los medios de comunicación, abogados y fiscales de dicho país, y apoya esas acciones”.

Otros sancionados en Guatemala

El 2 de febrero de 2024, la UE sancionó a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta, por sus intentos de evitar la toma de posesión del presidente, Bernardo Arévalo de León, que asumió el cargo el 14 de enero de ese año y por socavar la democracia.

Las sanciones también afectan a José Rafael Curruchiche Cucul, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci); a la fiscal de Feci, Leonor Eugenia Morales Lazo; al secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Ávila y al juez Fredy Raúl Orellana.

Según la Unión Europea, se impusieron medidas restrictivas que restringen viajes y congelan activos en la Unión Europea.

Se señaló que el Consejo de la UE sancionó a las cinco personas por socavar la democracia y el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala.

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