Serán puntos de discusión para el público y el electorado estadounidense varias de las propuestas fiscales contenidas en un proyecto de ley presentado por la Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el cual incluye puntos sensibles como la desgravación de propinas y del salario de horas extras, el aumento de tributos a quienes ganen más de US$5 millones al año, o exenciones impositivas a los créditos para comprar automotores fabricados en ese país. Pero sin duda alguna sería un impacto económico para Guatemala y todos los países que reciben remesas de migrantes la propuesta de imponer un impuesto del 5% sobre el monto enviado.

No es novedad la idea de tal gravamen, que por ahora es solo propuesta: ya desde el primer período trumpista se barajaba esta opción, en parte como complemento a medidas antimigrantes y a la vez para tratar de sacarle provecho a un recurso que, según cierta retórica xenofóbica, es una fuga de recursos de esa potencia, cuando, en realidad, buena parte de tales flujos se destina al consumo en los países beneficiarios y buena parte de los bienes y servicios tienen que ver con adquisiciones a Estados Unidos, desde combustibles y vehículos hasta el pago de suscripciones a TV de paga y mercancías relacionadas con marcas estadounidenses.

En el 2024 se enviaron de EE. UU. unos US$905 mil millones en remesas a naciones de todo el mundo, pero unos US$650 mil millones fueron a países en vías de desarrollo, entre ellos los US$21 mil millones recibidos en Guatemala. Si tomamos esta cifra como base, el costo de tal proporción impositiva sería de unos US$1 mil 50 millones, que los migrantes deberán pagar extra o bien reducir a las transferencias, según el caso y las posibilidades.

Estas medidas se evalúan porque hay agujeros deficitarios. Pero la sola amenaza de incremento impositivo a cierto sector de EE. UU. asusta desde ya a un buen grupo de republicanos, quienes temen el descontento de sus distritos y, sobre todo, de sus financistas. Parte del “ahorro” que se quiere hacer saldría de la reducción de programas como Medicare, que atiende a millones de residentes legales de escasos recursos; también se avizoran recortes a programas alimentarios, de atención infantil o educativos: una auténtica cuerda floja que contrasta con el trato favorable para archimillonarios.

En todo caso, la idea de gravar las remesas contraviene los llamados de entidades económicas, como el Banco Mundial, a reducir el costo de estos envíos para permitir mayores flujos que impulsen el desarrollo en países pobres. Pero quizá lo más contradictorio es cómo los mismos republicanos que apoyan —o callan ante— las agresivas políticas antimigrantes, incluyendo capturas y expulsiones sumarias, evidencian su aversión a los trabajadores indocumentados, pero no le ponen remilgo a sus recursos. En todo caso, viéndolo desde otro punto de vista, los migrantes ilegales son tan gallardos que le harían frente a esa situación, que a la vez se convertiría en una nueva validación de su presencia, junto con los casi US$100 mil millones que ya tributan al año.

Del total de remesas se podría prever una colecta de hasta US$45 mil millones, a los cuales habría que reducir los costos de implementar y verificar tal cobro. Por otra parte, si se avala este impuesto, podría haber impugnaciones legales, por posible doble tributación con dedicatoria segregacionista. No vale la pena hipotetizar aún sobre una reducción del envío de remesas a Guatemala por ese factor. Hasta ahora, este gesto de amor y responsabilidad sigue en auge.