Aumenta día a día la expectativa sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad acerca de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos, el 7 de mayo último, por la Procuraduría General de la Nación —en representación del Estado de Guatemala— contra siete puntos del pacto colectivo magisterial que se consideran atentatorios contra la Carta Magna. Tal articulación de concesiones fue otorgada a espaldas de la ciudadanía, por gobiernos y mandatarios anteriores, para contar con la aquiescencia del grupo sindical jovielista, que por entonces salía a pavonearse junto con el gobernante de turno, aunque devenido en mandadero de aviesos intereses.

Desde hace casi dos semanas, unos dos mil 500 maestros se turnan para holgar en la Plaza de la Constitución y alrededores del Palacio Nacional de la Cultura. Algunos dormitan bajo carpas de nailon, mientras otros pasean por los alrededores y curiosean por la Sexta Avenida. La protesta surge de su obediencia a un grupúsculo que se resiste a perder privilegios, de suyo ilícitos porque son potestad de las autoridades de Educación. Anteriores ministros de esa cartera prefirieron seguir bajando la cabeza ante la caprichosa intromisión en nombramientos de docentes o el arrogarse la facultad de incidir o decidir en traslados de ese personal —a menudo para propósitos intimidatorios—. Por eso lo mantenían en secreto, porque da vergüenza lo que los gobiernos cedían.

El jovielismo rompió el diálogo tras el anuncio del Ejecutivo de otorgar un aumento salarial de 5%, el cual califican de “insuficiente”, pese a que en el gobierno de Giammattei Falla aceptaron y hasta celebraron un monto de 3%. Eso sí, con todo y concesiones lesivas para la ciudadanía, el estudiantado y la calidad educativa.

Ayer, 4 de junio, un juzgado otorgó un amparo a la PGN en contra de la cúpula del Sindicato de Trabajadores de la Educación (STEG), encabezado por Acevedo y pretorianos desde hace más de dos décadas. La judicatura ordena que los maestros jovielistas depongan el paro, con el argumento de que el derecho de protesta no puede estar por encima de la educación de miles de niños y jóvenes. Se debe hacer notar que una escuálida manifestación fue el antecedente a las champas instaladas: muchos educadores no asistieron a la caminata porque han empezado a perder el miedo a tan visceral dirigente. De hecho, Acevedo culpa a autoridades y voces críticas por su desgaste, pero en realidad todo es obra suya.

Un dirigente educativo que pone en riesgo el futuro vivo de la Nación, que antepone sus ambiciones y que se resiste a transparentar las negociaciones, que implican recursos públicos, se desgasta solo, a causa de sus resultados. De hecho, se han levantado unas tres mil 400 actas a docentes que se ausentan de clases e incumplen con sus obligaciones contractuales so pretexto del movimiento sindical. Incluso ya se iniciaron procesos de destitución contra unos dos mil 500 que no acuden a las aulas y a quienes obviamente no les interesa el futuro de esa niñez. Existen muchos maestros con experiencia y hasta con carrera universitaria que pueden ocupar con solvencia esos espacios.

También existen comunidades y padres de familia, sobre todo en áreas rurales, que reclaman la destitución de maestros faltistas. Se deben seguir todos los procedimientos de ley ante los tribunales del ramo laboral, con la correspondiente documentación, a fin de evitar reclamaciones de supuestos abusos. El sistema educativo público es del Pueblo de Guatemala y de sus hijos, no de ninguna gavilla oportunista.