El ministro Francisco Jiménez explicó que los traslados de reos se basan en protocolos de seguridad. Cuando una orden judicial pone en riesgo a los internos, Gobernación puede apelar. Destacó que lograron frenar 61 traslados en el centro Renovación 1.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, aseguró que el sistema penitenciario cuenta con un protocolo administrativo interno para realizar traslados de privados de libertad, el cual se activa principalmente cuando está en riesgo la integridad del recluso.

Durante sus declaraciones, Jiménez explicó que el procedimiento se fundamenta en el artículo 8 de la Ley del Sistema Penitenciario, que otorga al Estado la responsabilidad de garantizar la seguridad de los reos.

Sin embargo, Jiménez señaló que también existen traslados ordenados directamente por jueces, los cuales no forman parte del protocolo administrativo del sistema.

En esos casos, las autoridades penitenciarias deben acatar las disposiciones judiciales.

Uno de los casos mencionados fue el del juez Fredy Orellana, quien habría emitido una orden de traslado pese a que ya se había invocado el artículo 8 por razones de seguridad. Según Jiménez, la cartera presentó una apelación ante la Cámara de Apelaciones porque consideraron que el nuevo destino de los reclusos implicaba un riesgo.

A pesar de estas tensiones entre lo administrativo y lo judicial, el ministro destacó que sí ha habido avances positivos. En el caso del centro penitenciario Renovación 1, indicó que 61 órdenes de traslado emitidas por jueces fueron bloqueadas tras apelaciones exitosas.

Las declaraciones surgen en medio de una creciente preocupación por la seguridad en las cárceles del país y por los criterios utilizados para decidir el destino de los reclusos, especialmente aquellos considerados de alta peligrosidad.

Por Andrea Palacios