Este miércoles 23 de abril, el Ministerio Público (MP), a cargo de la fiscal general María Consuelo Porras, ejecutó dos órdenes de captura dentro de la investigación por las protestas de 2023, sin embargo, los recientes bloqueos programados, que han sido realizadas bajo un mismo modus operandi, no tienen la misma relevancia para el ente investigador.

Al ser consultado sobre si se investigan los recientes bloqueos atípicos, los cuales han sido se realizados bajo un mismo modus operandi, el fiscal regional de coordinación nacional y encargado del despacho de la Fiscal General en caso de ausencia, Dimas Jiménez y Jiménez, manifestó que “por su puesto”.

“Pero si usted se da cuenta en las manifestaciones, o mejor dicho, los bloqueos sucedieron en octubre del 2023. Hasta ahora estamos operativizando el caso. La investigación tiene sus plazos y estos plazos son procesales, son de investigación, no responden a presiones de ninguna naturaleza”, indicó.

Según Jiménez y Jiménez, durante los bloqueos de 2023 se puso en riesgo y se vulneraron diversos bienes jurídicos tutelados, los cuales explicó que se tratan de un “bien inmaterial que a partir de la Constitución y las demás leyes protege”, ya que muchas personas se vieron afectadas en el acceso a la justicia.

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PERSONAS NO TUVIERON ACCESO A LA JUSTICIA, DICE FISCAL

El fiscal Jiménez destacó que en el edificio Gerona del MP convergen distintas instituciones del sector justicia, como es el caso del Organismo Judicial, el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), así como una importante judicatura de femicidio, que tiene como propósito tutelar los derechos de las mujeres víctimas de violencia.

“Esas personas no tuvieron acceso a esa justicia. En consecuencia, también existió una denegación de justicia, pero no por el operador de justicia, sino que el operador de justicia se vio limitado a poder proporcionar y a poder tutelar esos bienes jurídicos protegidos”, sostuvo.

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Jiménez agregó que hubo personas sindicadas con medidas sustitutivas que debían registrar sus huellas dactilares, pero no lo hicieron, por lo cual debieron de contratar a abogados para que informaran a las respectivas judicaturas.

Por ello, recalcó que los sindicados tuvieron que incurrir en gastos extraprocesales por el hecho de que “una institución tan importante como el MP, integrantes del sector justicia, no podía cumplir a cabalidad esa función”.

“NO FUE UNA SIMPLE MANIFESTACIÓN”

Asimismo, el titular de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, Klayber Sical, resaltó que establecieron que no era simplemente una manifestación, sino que hubo actos violentos con una planificación específica para poder obtener un resultado.

“Eso se va a ampliar frente al órgano jurisdiccional y el que determinará con todos los medios de investigación que se le prestarán se encuadra en los delitos con los cuales salió la orden de aprehensión”, indicó.

MANIFESTACIONES PROGRAMADAS

Durante las últimas semanas, se han realizado varias manifestaciones atípicas en las que se ha visto grupos reducidos de personas con rostros cubiertos, marchando por zonas fuera de los principales edificios estatales, bloqueando las calles en donde se realizan elecciones y retirándose en buses extraurbanos.

El pasado 27 de abril, mientras se realizaba la elección de representante ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) por el Colegio de Arquitectos de Guatemala un grupo realizó una manifestación, en la que las personas no lograron explicar las razones por las que protestaban.

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La manifestación fue convocada por supuestos universitarios y compartida por la cuenta vinculada al netcenter conocida como ¡Yes, Master!.

Los manifestantes bloquearon la ruta en la zona 15 capitalina que conduce hacia el referido Colegio y al finalizar fueron recogidos en buses extraurbanos.

El 1 de abril se realizó una manifestación con un modus operandi similar, en el que personas con rostros cubiertos llevaban demandas extrañas o que nunca fueron anunciadas, como la supuesta implementación de un “impuesto a las tortillas” por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

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En dicha oportunidad también bloquearon la ruta que conduce al Colegio de Médicos Veterinarios y Zootécnicas (CMVZ), en donde se realizaba la elección a representante ante el CSU de la USAC, y al terminar la protesta, fueron retirados en buses extraurbanos.

Además, el 7 de abril se realizó un bloqueo frente a las instalaciones de la Dirección General de Caminos, en la zona 13, en donde nuevamente se repitió el modus operandi de anteriores protestas, ya que fueron trasladados en buses extraurbanos al finalizar la manifestación.

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— Diario La Hora (@lahoragt) April 24, 2025