Los días entre el anuncio de designación del juez Marco Antonio Villeda como próximo ministro de Gobernación —en sustitución de Francisco Jiménez— y la autorización de la Corte Suprema de Justicia, con todo y notificación, ya deberían haber funcionado como plazo de gracia para la puesta al día inmediata de la situación de esa cartera. No se sabe si ha sido así, pero lo cierto es que Villeda llega al despacho prácticamente a contrarreloj, no solo por la premura de su nombramiento, sino por el plazo político extremadamente corto que tendrá para demostrar resultados.

La crisis causada por la fuga de 20 reos de Fraijanes 2 —cuatro ya fueron capturados— desencadenó la salida de la anterior cúpula de Seguridad y dejó la alta vulnerabilidad del Sistema Penitenciario en evidencia. Ahora bien, es necesario decir que esta situación ha sido cíclica y que las medidas improvisadas, efectistas o puramente represivas no necesariamente funcionan en el largo plazo. No obstante, ante los ojos de la población, las exigencias de sectores productivos e incluso frente a farisaicas posturas de políticos en precampaña, los plazos son prácticamente inevitables.

Por lo tanto, marcar prioridades operativas en tiempo e indicadores será una primera prueba de liderazgo para el nuevo ministro. Las cárceles siguen siendo caóticos núcleos desde los cuales emanan extorsiones, riesgo de nuevas fugas y continuidad inicua de trasiegos ilícitos. Una auditoría forense inmediata —con censo biométrico de internos, revisión y modernización de sistemas de cámaras, registro de visitas y revisiones de acceso—, así como una posible toma del control temporal con apoyo de la Policía Nacional Civil y del Ejército podrían ser parte de las acciones de los primeros 30 días de gestión.

Sin una fuerte recuperación paulatina del control carcelario, cualquier política de seguridad será un paliativo. Pero hay otros frentes de trabajo que se deben revisar con el relevo de autoridades, en el plazo del fin de año. Para el 14 de enero, que marcará la mitad de este período gubernamental, habría que tener ya un mapa total de certezas y riesgos del control territorial. Municipios fronterizos y costeros continúan bajo asedio de mafias, que incluso podrían tener alcaldes coaligados. Por ello, la Policía Nacional Civil necesita una redistribución operativa con enfoque en inteligencia y refuerzo de unidades élite.

La colaboración interinstitucional con el Ministerio Público, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Instancia de Verificación Especial y la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad constituye un eje de funcionalidad deseable. Sin embargo, a la par de las operaciones directas contra la criminalidad es necesario recuperar la apuesta por la prevención social y comunitaria. Así también existen mecanismos como TuPista.gt y líneas confidenciales de denuncia, cuyo funcionamiento ha significado duros golpes a la criminalidad organizada y común, aunque esta es también cada vez más organizada.

La desarticulación de pandillas y el aislamiento de sus jefes es un movimiento imprescindible. En esta línea, el Organismo Judicial está implicado, dadas las prácticas dudosas de ciertos jueces que devuelven a peligrosos criminales a reclusorios donde se sienten a sus anchas. Aquí entra la experiencia del juez Villeda, para tratar de atajar estas perversiones. Están pendientes adquisiciones de armas y vehículos, las cuales deben efectuarse con transparencia y a la vez con carácter de urgencia. La nueva cúpula del Mingob llega a contener una crisis, pero debe trazar un rumbo de mediano plazo.