La Corte de Constitucionalidad (CC) recibió el pasado fin de semana un nuevo recurso legal que insiste en levantar la reserva sobre la negociación del Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala (STEG) con el gobierno de Bernardo Arévalo.

Se trata de una apelación que busca revertir un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que la semana pasada resolvió mantener en secreto las negociaciones del nuevo pacto colectivo que comenzaron a finales de 2024.

La CSJ no otorgó un amparo provisional a favor del abogado Edgar Ortiz, quien lidera una de las acciones que pretenden garantizar la transparencia en las negociaciones. Ante la negativa, Ortiz recurrió a la CC.

Originalmente, el amparo presentado por Ortiz había sido rechazado por la CSJ, pero, tras la apelación, la CC ordenó conocer la acción, que fue notificada la semana pasada.

Ahora, con una estrategia similar, Ortiz espera que la CC ordene levantar la reserva sobre las negociaciones, para que se conozcan a detalle los requerimientos del sindicato dirigido por Acevedo.

La apelación expone cuatro argumentos que buscan eliminar la reserva sobre los acuerdos y negociaciones, advirtiendo que una decisión tardía podría ser irreversible.

Los cuatro argumentos

Sin fundamentos de ley. La apelación señala que la decisión de la CSJ, al no otorgar el amparo provisional, carece de un “adecuado fundamento de ley”, al indicar que la reserva no está debidamente sustentada.

“Los amparistas promovieron la acción de amparo porque el Mineduc está negociando un pacto colectivo con un sindicato de trabajadores bajo reserva de confidencialidad. Dicha reserva se decretó sin un adecuado fundamento de ley, afectando el principio de publicidad de los actos administrativos”, señala el documento.

Acto público. Otro de los argumentos radica en que las decisiones de las dependencias del Gobierno deben ser, por ley, del conocimiento público.

“Se discute un instrumento que, de concretarse conforme al ordenamiento jurídico, adquiere naturaleza equiparable a una ley en sentido material y, como tal, debe ser de conocimiento público”.

Calidad educativa. Además del posible compromiso de fondos públicos para nuevos beneficios económicos, la apelación subraya que las decisiones vinculadas al pacto colectivo afectarían directamente al sistema de educación pública.

Daño irreversible. La apelación solicita que la CC resuelva con lugar y ordene, de forma inmediata, la publicación de los acuerdos. Se advierte que esperar hasta la sentencia definitiva podría permitir que las negociaciones concluyan en secreto.

“Pedimos a la CC que sí otorgue el amparo provisional. Eso significa que ordene hacer público el documento ya, sin esperar a que se resuelva el amparo definitivo en la Corte Suprema de Justicia, porque el daño de mantenerlo oculto podría ser irreversible si se firma en secreto”, expuso Ortiz.

Sanciones y amparos

El pulso entre el STEG y el Gobierno de Bernardo Arévalo ha escalado a juzgados y cortes. Aunque el Estado de Guatemala ha obtenido resoluciones favorables, estas no se han cumplido.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) ha logrado varios amparos que ordenan levantar las medidas de hecho, pero el STEG no ha acatado las resoluciones judiciales.

Una de las judicaturas que emitió el amparo ordenó al Ministerio Público (MP) investigar a los sindicalistas. Además, se impuso una sanción a más de 800 docentes que respaldan a Acevedo, quienes deberán pagar de forma conjunta una multa superior a Q3 millones, por desacatar los amparos.

#Ahora

Los maestros del STEG qué apoyan a Joviel Acevedo deberán de pagar, de manera conjunta, poco más de Q3 millones en concepto de multa. El Juzgado que emitió la sanción por acciones de la @PGNguatemala identificó a más de 850 docentes y cada uno deberá pagar Q4 mil. pic.twitter.com/V0A12ySses

— Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) July 17, 2025

Denuncias

Además de las acciones de amparo, el MP ha recibido denuncias para investigar aparentes delitos cometidos en el marco de las acciones de hecho encabezadas por el STEG.

El Ministerio de Cultura y Deportes presentó una denuncia por depredación de bienes culturales, por daños que sufrió parte de la fachada del Palacio Nacional de la Cultura. Una queja similar fue presentada por un particular.

También la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) presentó una denuncia contra el STEG por una serie de bloqueos que afectaron la respuesta del cuerpo de socorro en algunos departamentos luego de la secuencia sísmica que afectó el país desde el pasado 8 de julio.

Las primeras dos denuncias fueron asignadas a la Fiscalía de Delitos Contra el Patrimonio Cultual, a la espera que avancen las acciones de investigación por los posibles delitos.

También un grupo de diputados oficialistas presentó una querella contra el líder sindical, Joviel Acevedo, que fue asignada al juzgado duodécimo penal. Pero en respuesta, Acevedo, presentó una denuncia contra los diputados, por aparentemente haberlo amenazado durante una citación en el Congreso.