Las últimas semanas han estado marcadas por bloqueos en distintos puntos del país. Aunque fueron causas distintas —uno por acuerdos relacionados al seguro obligatorio para vehículos y el otro por demandas de un sindicato de los salubristas—, ambos tuvieron algo en común: el gobierno cedió.

Es de recordar que el 17 de marzo se publicaron cuatro acuerdos gubernativos que exigían a los conductores contratar un seguro de responsabilidad civil. Luego de dos días de bloqueos y caos, el presidente anunció su derogación.

Dos semanas después, sindicalistas de salud pública paralizaron el país solicitando más beneficios y privilegios. El gobierno les propuso Q1,000 de aumento para personal en relación de dependencia y un bono de Q2,000 para contratados. Aunque se instaló una mesa técnica, el chantaje sigue abierto. Los bloqueos fueron suspendidos, bajo la amenaza de retomarlos. Desafortunadamente, el régimen de servicio civil del Estado ha sido desplazado por el botín político, pactos colectivos depredadores y la contratación de referidos políticos. Muchas plazas se otorgan sin criterios objetivos ni procesos de mérito. Esto ha erosionado la institucionalidad y dificulta ordenar el recurso humano del Estado. Por ello es importante revisar la Ley de Servicio Civil y fortalecer su aplicación.

Los bloqueos extorsivos no son nuevos en el país. En febrero, recolectores y recicladores de desechos interrumpieron el tránsito en rechazo al reglamento del Acuerdo Gubernativo 164-2021 sobre gestión de residuos. También ahí, el gobierno retrocedió. El patrón es el mismo: se exige con bloqueos y el gobierno cede.

El problema no es solo la ilegalidad de los bloqueos, sino también la señal que se envía. Bloquear carreteras afecta a millones de personas: los trabajadores no consiguen su sustento, estudiantes no aprenden, los enfermos se agravan, los turistas y viajeros se alejan. Las pérdidas económicas que sufren los guatemaltecos trabajadores se estiman alrededor de Q600 millones por día de bloqueo. A esto se suman alimentos arruinados, menores y ancianos a merced de la calle y una creciente ansiedad, frustración y el sentido de impotencia ante tan impunes transgresores. La aparición de encapuchados refuerza la anarquía y el menosprecio por la autoridad.

Hay una diferencia profunda entre una manifestación pacífica frente a una interrupción y retención antojadiza de guatemaltecos decentes como son los bloqueos. La primera, libre expresión del pensamiento, y la segunda, fuerza bruta. Los guatemaltecos requieren de una institucionalidad sólida y firme que ponga orden, pero no de grupos amenazantes. Cumplir con el Estado de Derecho requiere de decisiones difíciles y frontales, pero es lo que otorga legitimidad al gobierno en el ejercicio del poder.

Uno de los mayores retos del momento es demostrar capacidad política para conducir el país. Impulsar cambios culturales importantes requiere más que voluntad. Si se pretende implementar reformas como un sistema de reciclaje o un seguro obligatorio no basta con publicarlas. Se necesita al menos evaluar escenarios, buscar aliados y socializar decisiones. Lo contrario genera resistencia, y la calle se convierte en el terreno de negociación. El desafío de este gobierno es aún mayor porque, durante el 2023, varios actores que hoy están en el poder respaldaron los bloqueos por razones políticas. Hoy, intentan frenarlos. La autoridad se erosiona cuando se predica una cosa y se practica otra.

Gobernar con responsabilidad implica prever conflictos, dialogar con los actores y respetar lo acordado, pero todo dentro del marco de la ley. Si se vuelve costumbre retroceder ante cada bloqueo, no habrá política pública sostenible, ni instituciones que resistan, ni ciudadanos con derechos garantizados. Recuperar la autoridad y contar con reglas claras sin privilegios es esencial para avanzar.