El tema eléctrico es, a pesar de ser un fluido, algo simple, real y concreto: no existe vida moderna ni crecimiento económico ni posibilidades de atraer inversión sin asegurar el crecimiento constante de la generación de energía eléctrica según la paulatina y previsible alza de la demanda. Desde los centros urbanos hasta las regiones rurales, la electricidad es un bien necesario y un factor imprescindible para el desarrollo. El aumento en la demanda de energía es constante y se ha vuelto aún más pronunciado en la década reciente, debido al aumento de población y domicilios, al incremento de empresas e inversiones de todos los tamaños e incluso al crecimiento de servicios digitales.

Sí, vivimos tiempos tecnológicos y no hay ningún campo de la vida, sea la educación o el entretenimiento, la industria o la comunicación, el ocio o el trabajo que pueda concebirse hoy sin un aparato eléctrico, empezando por los propios teléfonos celulares y la conectividad residencial o de oficinas, Por eso, las inversiones en generación eléctrica son vitales para todo el país, para todas las poblaciones, para todos los pueblos, y no tiene ninguna cabida ese falso discurso populista de que se trataba solo de un recurso útil para ciertos sectores.

El 2024 cerró con un incremento del 7.70% de la demanda de energía eléctrica respecto del 2023, año que también tuvo un repunte de 6% en relación con el 2022. Entre 2011 y 2019, la necesidad de energía, entre domiciliar e industrial, tuvo crecimientos constantes de entre 2 y 5%, evidencia de una economía en crecimiento y de un mayor uso de electrodomésticos y aparatos electrónicos. Esto disparó una alerta en el 2024, a causa de la baja precipitación pluvial y de su impacto en la generación hidroeléctrica.

Y justo allí radica el gran desafío: equilibrar la matriz energética; es decir, la combinación estratégica de formas de generación limpia —hidroeléctrica, solar, eólica, geotérmica y biomasa— versus otras, más contaminantes —carbón, búnker, diésel—. Guatemala se ha mantenido con un promedio de 50 a 54% de fuentes limpias. Sin embargo, la principal generación de estas, mediante hidroeléctricas, es solo un 20%, mayoritariamente producida por Chixoy. Planes para más instalaciones se han visto saboteados por grupos que afirman defender “territorios” pero que, a la larga, privan a los vecinos del recurso energético vital para el desarrollo. Hace poco se produjo el laudo por el cual Guatemala pagará US$65 millones a la compañía que se vio imposibilitada de construir y operar hidroeléctricas por el asedio violento y prácticamente impune de bandas criminales.

Se necesita la instalación de nuevas plantas generadoras, y ello implica nuevas inversiones, que pueden ser locales o internacionales; pero de poco sirve que exista producción energética, si esta no es adecuadamente transportada. Por ello es de gran relevancia la convocatoria, ayer, del Plan de Expansión de Generación de Electricidad (PEG 5), una licitación abierta que busca la certeza energética para el período 2030-2045; en forma complementaria e inherente también se lanzó la licitación del Plan de Transmisión Eléctrica, para crear infraestructura de distribución.

La certeza jurídica y de seguridad para los inversionistas es tan vital como la electricidad misma. Guatemala ha afrontado demandas por empresas que reclaman pérdidas por cambios legales y falta de apoyo gubernamental. La generación limpia es la mejor apuesta, pero precisa desde ya de diálogos con comunidades y acuerdos para que perciban el beneficio de la modernidad y no sean víctimas de alborotadores que solo medran con la pobreza.