El Juzgado Cuarto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social otorgó este lunes 9 de junio un amparo provisional a la Procuraduría General de la Nación (PGN) respecto a las medidas de hecho del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), y ordena al Estado de Guatemala garantizar el funcionamiento de las direcciones departamentales de Educación, informaron fuentes judiciales.

Con el amparo otorgado, el Juzgado pide al STEG que se abstenga de amenazar con el cierre, ocupar ilegalmente y permanecer ilegítima o ilegalmente en las direcciones departamentales de Educación de la República de Guatemala.

Por lo anterior, se advierte a las autoridades del Estado —entre ellas, el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de Educación— que tomen las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento de las direcciones departamentales de Educación.

La PGN recibe el segundo amparo contra las medidas de hecho encabezadas por el sindicalista Joviel Acevedo.

“En virtud de que, a la presente fecha, este tribunal no ha recibido los antecedentes o el informe circunstanciado que le fueron requeridos a la autoridad recurrida, se procede a resolver el amparo provisional (…) Se otorga el amparo provisional solicitado por el Estado de Guatemala, a través de su personero legal, teniendo como efectos positivos ordenar al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala —STEG— y a sus dirigentes seccionales y subseccionales como recurridos abstenerse de: a) amenazar con el cierre; b) ocupar ilegalmente, y; c) permanecer ilegítima o ilegalmente dentro de las direcciones departamentales de Educación de la República de Guatemala”, indica la resolución.

Agrega: “Se conmina al ministro de Gobernación y al director general de la Policía Nacional Civil para que, en el ejercicio de sus funciones y dentro de las competencias que la ley asigna a cada uno, garanticen el libre acceso, permanencia y egreso de la población guatemalteca, servidores y funcionarios públicos a las direcciones departamentales de Educación de la República de Guatemala, garantizando el derecho de reunión y de manifestación pacífica, así como la libertad de emisión del pensamiento, siempre y cuando estos derechos se ejerzan sin menoscabar los intereses de la colectividad, es decir, la seguridad nacional, el orden público, el bien común y los derechos o libertades generales”.

En la resolución, el Juzgado también conmina a la ministra de Educación, Anabella Giracca, para que garantice la continuidad de la prestación del servicio público que brindan a la sociedad guatemalteca las direcciones departamentales de Educación, tomando las medidas administrativas o disciplinarias contra los funcionarios que laboran en cada una de las direcciones y que inciten, faciliten o participen en las amenazas de cierre, ocupación ilegal o permanencia ilegítima dentro de las mismas.

Otro amparo

El pasado 5 de junio venció el plazo para que el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) deponga las medidas de hecho que impactan las actividades educativas de las escuelas públicas del país.

La orden fue girada por medio de un amparo proveniente del Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, luego de una acción promovida por la PGN.

Sin embargo, en su página oficial de Facebook, el STEG se pronunció sobre las medidas adoptadas por el Gobierno y advirtió que continuará en huelga.

El sindicato expresó que el amparo no es una orden de desalojo, por lo que las acciones se mantienen, incluso en resguardo de la libertad sindical.