El Salvador del mundo aconsejó, respecto de las críticas a los demás: “Con la misma vara que midas serás medido”, y las abuelas todavía añadían a tal sentencia “y una cuarta más”, en relación con el costo moral de emitir juicios severos sobre la conducta de los demás. Cada persona tendrá su evaluación personal del alcance de tales palabras en su conducta particular. Y si este tema se aplica en términos sociales y políticos, la valoración adquiere connotaciones de tácito compromiso de no incurrir en la conducta censurada, al menos si se tiene alguna noción de ética pública.

En sus días de oposición o desde la llanura, funcionarios del actual Ejecutivo vociferaban con indignación acerca de las libertades que se tomaba el anterior oficialismo respecto del presupuesto de gastos de la Nación. “Las finanzas públicas no deben ser tratadas como un cheque en blanco a disposición de quienes ostentan una mayoría que les permite aprobar destinos de gasto sin rigor técnico, social o ético”, señalaba el economista Jonathan Menkos —ahora ministro de Finanzas Públicas—, en una columna publicada en noviembre del 2021, en la cual cuestionaba el traslado de fondos viales sin ejecutar para el siguiente año.

Sin embargo, en el 2024, recursos públicos destinados a obras manejados por Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) que no fueron ejecutados se trasladaron al plan de gastos de este año. Y la ejecución no ha mejorado, entre múltiples pretextos y excusas de jefes ediles, así como de los propios Codedes. Para no ir tan lejos, en noviembre del 2023, Menkos, como diputado electo, criticaba que en el presupuesto del 2024 se dejara vigente la posibilidad de trasladar saldos pendientes de los Codedes, por ser “indeterminados”.

A mitad del año, los Codedes solo han ejecutado un 12% de los recursos. Y cabe aclarar que ese término “ejecutar”, equivalente a lo usado o gastado, no necesariamente se refiere a obras de calidad. Aun así, en el supuesto de que todos los proyectos sean de buena factura, el rezago denota ineficiencia, negligencia o desidia por parte de autoridades ediles y gobernaciones. En este mismo espacio se señaló hace algunos días que dinero hay, lo que no existe, evidentemente, es la capacidad de administrarlos de manera eficaz y eficiente.

Es aún “indeterminado” el monto de recursos que se logrará ejecutar. No se trata de una carrera de carretillas para gastar cuanto se pueda, pero ciertas libertades que está otorgando el Ejecutivo, como reducir los tiempos de análisis de proyectos, son peligrosamente laxas, y de la laxitud solo se puede esperar mediocridad, o, peor aún, discrecionalidades que desemboquen en un dispendioso cúmulo de mamarrachos que no resuelven a cabalidad las necesidades específicas pero que ya han sido pagados con dinero de los ciudadanos.

A este ritmo, de los más de Q12 mil millones disponibles para los Codedes este año podría sobrar la mitad de todos esos fondos. Pero, aun así, la propuesta de gasto del 2025 contempla otorgar hasta Q4 mil 500 millones —Q200 millones más— a tales consejos. Lo correcto sería que los recursos sin utilizar regresen al fondo común, en donde podrán ser asignados según necesidades puntuales, desde criterios de exigencia técnica, transparencia y, por supuesto, la presión de un plazo perentorio. Alcaldes que han asistido a reuniones con el presidente Bernardo Arévalo le atribuyen el ofrecimiento de “luchar” para que se vuelvan a arrastrar fondos de un año a otro. Dadas las evidencias, esa es una apuesta arriesgada y muy alta, sobre todo después de tantas críticas previas a pretéritas prácticas similares.