Biodiversidad en América Latina: faltan USD 153 mil millones al año para su conservación
La conservación de los bosques, las fuentes de agua, los ecosistemas marinos y la biodiversidad también representa un desafío económico para Guatemala. La falta de recursos para proteger estos bienes naturales puede comprometer actividades productivas y medios de vida, mientras que financiar su conservación exige una mayor coordinación entre el Estado, las municipalidades, el sector […]
La conservación de los bosques, las fuentes de agua, los ecosistemas marinos y la biodiversidad también representa un desafío económico para Guatemala. La falta de recursos para proteger estos bienes naturales puede comprometer actividades productivas y medios de vida, mientras que financiar su conservación exige una mayor coordinación entre el Estado, las municipalidades, el sector privado y la cooperación internacional.
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), titulado “La brecha de financiamiento para la biodiversidad en América Latina y el Caribe”, estima que la región necesita alrededor de USD 170 mil millones anuales para conservar, restaurar y utilizar sosteniblemente sus ecosistemas. Sin embargo, los flujos actuales de financiamiento suman apenas USD 17 mil millones al año.
De acuerdo con el estudio publicado en octubre de 2026, la diferencia asciende a casi USD 153 mil millones anuales, equivalente al 2.1% del producto interno bruto (PIB) regional. Esto significa que, por cada USD 10 necesarios para financiar estas acciones, actualmente se dispone de aproximadamente USD 1.
AGRICULTURA, AGUA Y PRODUCCIÓN CONCENTRAN EL DESAFÍO FINANCIERO
El financiamiento para la biodiversidad no se limita a mantener áreas protegidas o conservar especies amenazadas. También comprende la transformación de las actividades económicas que dependen de los recursos naturales, así como la restauración de ecosistemas y el uso sostenible del capital natural.
Según el BID y la CEPAL, cerca del 60% de las necesidades regionales de financiamiento identificadas está relacionado con la transición hacia sistemas de agricultura y ganadería más sostenibles. Si se incorporan necesidades como el tratamiento de aguas urbanas, la proporción asciende a aproximadamente 67%.
Este planteamiento tiene relevancia para Guatemala por la relación entre sus recursos naturales y actividades como la agricultura, la pesca y el turismo. La disponibilidad de agua, la fertilidad de los suelos y la conservación de los ecosistemas son factores que inciden en la producción y en las condiciones de vida de las comunidades.
El informe advierte que la pérdida de biodiversidad puede afectar la productividad, las exportaciones, la disponibilidad de agua, las finanzas públicas y las oportunidades de inversión. En contraste, dirigir recursos hacia la conservación y la restauración puede contribuir a generar empleo, mejorar la resiliencia económica y fortalecer la competitividad.
¿QUÉ ANTECEDENTES TIENE GUATEMALA EN EL FINANCIAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD?
Guatemala cuenta con antecedentes de análisis y diseño de mecanismos para movilizar recursos destinados a la conservación. Una de las iniciativas es el programa Finanzas para la Biodiversidad (BIOFIN), impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que trabaja en el país desde 2014.
De acuerdo con el PNUD, durante la primera fase de esta iniciativa Guatemala elaboró, en 2016, una estrategia de movilización de recursos para la biodiversidad. El trabajo incluyó análisis del gasto público y privado, los aportes de la cooperación internacional, los costos de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y las brechas financieras existentes.
En una fase posterior, la iniciativa planteó soluciones para orientar recursos hacia la conservación marino-costera, fortalecer mecanismos de financiamiento vinculados con la pesca artesanal y promover prácticas sostenibles en la cadena de valor del caucho natural.
Entre las acciones descritas por el PNUD también figura el apoyo al diseño de una estrategia de capitalización para el Fondo de Agua de la Fundación Defensores de la Naturaleza, relacionado con la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas.
Estos antecedentes muestran que en el país existen esfuerzos para desarrollar mecanismos financieros relacionados con la biodiversidad. Sin embargo, no constituyen por sí solos una medición actualizada del gasto nacional ni permiten establecer cuánto dinero necesita Guatemala para cerrar su propia brecha de financiamiento.
MÁS RECURSOS, PERO TAMBIÉN UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN
El estudio del BID y la CEPAL plantea que cerrar la brecha regional requiere combinar distintas fuentes de financiamiento y mejorar la manera en que se utilizan los recursos existentes. Entre las medidas señaladas figuran fortalecer la inversión pública, ampliar la participación del sector privado, movilizar cooperación internacional y desarrollar instrumentos financieros innovadores.
El reto también implica revisar los incentivos económicos que puedan perjudicar a los ecosistemas y reorientar los recursos hacia actividades con resultados positivos para la biodiversidad.
Para Guatemala, esto supone considerar cómo se incorporan los objetivos de conservación en las decisiones presupuestarias, la planificación territorial y las inversiones productivas. También abre la posibilidad de fortalecer mecanismos municipales, fondos ambientales y alianzas con empresas que permitan financiar proyectos con beneficios verificables para los ecosistemas.
No obstante, atraer más capital no garantiza automáticamente mejores resultados. El BID destaca que la gobernanza, las capacidades institucionales y la coordinación entre actores públicos y privados son determinantes para que los recursos se traduzcan en acciones efectivas.
LA META HACIA 2030
El informe plantea distintos escenarios para reducir la brecha regional de financiamiento de la biodiversidad. En un escenario ambicioso, que combina reformas, recursos públicos y privados y mecanismos financieros innovadores, la diferencia podría reducirse en aproximadamente 74% para 2030.
El planteamiento no implica que esa reducción esté garantizada. Depende de cambios en las políticas públicas, una mejor utilización del gasto existente y la capacidad de movilizar inversiones adicionales hacia la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales.
Para Guatemala, el desafío es convertir sus esfuerzos de financiamiento ambiental en mecanismos sostenibles, con recursos suficientes, transparencia y resultados medibles. La protección de la biodiversidad no solo responde a un compromiso ambiental: también está vinculada con la capacidad del país para sostener sus actividades productivas, proteger sus fuentes de agua y generar oportunidades económicas a largo plazo.