Siguen sumándose a diario los costos adicionales a las exportaciones de Guatemala, debido a la política indiscriminada de aranceles impuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En este mismo espacio se ha señalado que dicha nación le vende a Guatemala más del doble de lo que nuestro país exporta a ese mercado, por lo cual no aplican los razonamientos de desbalance comercial expuestos por el mandatario. Y a ello se puede agregar la geoestratégica relación de Guatemala con la potencia del norte, en un entorno istmeño que se ha ido decantando más por China.

En todo caso, el dinosaurio sigue allí —es decir, el 10% de aranceles a los productos guatemaltecos—, y es necesario agilizar la negociación para regresarlos a cero, en virtud del tratado DR-Cafta, pero también como una vía para asegurar, a beneficio del consumidor —y también votante— de Estados Unidos, la provisión de productos guatemaltecos de altísima calidad, como textiles, café, bananos, flores y otros productos agrícolas, por solo citar algunos.

Ahora bien, según el reporte de situación divulgado ayer por el Ministerio de Economía, el reclamo estadounidense sobre barreras comerciales abarca áreas más bien procesos y requisitos burocráticos que impiden un mejor, más eficiente y competitivo ingreso de productos y servicios estadounidenses en el mercado guatemalteco. El abordaje y solución de dichas dificultades no arancelarias es el objetivo que tiene la delegación económica guatemalteca, que tiene pendiente recibir cita para reunirse con la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, en inglés), para exponer los avances y calendarizar la solución de pendientes. La delegación estaría integrada por personal del Ministerio y delegados empresariales.

Algunas de estas barreras han sido largamente señaladas por empresas estadounidenses, pero también por contrapartes y distribuidores locales. Una de ellas es la demora portuaria y aduanera para el ingreso de mercancías. Si bien el reclamo se refiere a las importaciones, también los productos de exportación guatemaltecos padecen los costos de oportunidad de tales rezagos. Otro valladar citado por Estados Unidos es la gran cantidad de trámites necesarios para el comercio, algunos de los cuales —a pesar de que vivimos tiempos y prisas digitales— todavía se efectúan en papel. Ello abarca a ministerios como el de Salud y Agricultura, principalmente. Sin embargo, el Mineco ya lleva a cabo una nueva criba para poder mostrar avances en el esperado diálogo.

Hay un punto del listado que podría considerarse toral en el reclamo estadounidense, pero que a la vez ha sido una piedra de tropiezo en repetidas ocasiones y en varios campos de la inversión y la actividad económica: la certeza jurídica, tanto por los vacíos legales remanentes como por la tardanza de procesos judiciales y la notoria discrecionalidad con la cual se manejan ciertas judicaturas; todo el aparato de justicia debería estar implicado en solventar este lastre, que incluye la propiedad intelectual y la seguridad para las inversiones, tan esperadas para generar empleo.

Así también, los servicios del Estado a la inversión, el respeto a los derechos laborales y la lucha contra la corrupción son mencionados en el pliego de barreras que Estados Unidos demanda resolver para considerar el levantamiento de los aranceles. Mientras tanto, cada semana transcurrida bajo esta penalización implica costos adicionales para la productividad nacional, por lo cual se necesita de gallardía y aplomo para tocar con insistencia la puerta de la Casa Blanca.