La ministra de Trabajo, Miriam Roquel, afirmó que sí es viable un aumento al salario mínimo para el 2026, con base en los informes técnicos presentados por diversas instituciones ante la Comisión Nacional del Salario (CNS).

La CNS trasladó al Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) el expediente con los dictámenes técnicos. Esta cartera debe remitirlo al presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien tomará la decisión final.

La viceministra de Trabajo, Damarys Oliva, explicó que la ministra únicamente traslada al Ejecutivo el contenido del expediente aprobado en la CNS. Aclaró que este órgano es un ente tripartito de carácter técnico y asesor, por lo que no corresponde a la titular hacer recomendaciones individuales al presidente.

En declaraciones a la prensa, Roquel señaló que entre las recomendaciones figura que el incremento sea por circunscripción y no de forma general, en concordancia con los análisis realizados.

Consultada si estaría de acuerdo con un aumento al salario mínimo para el 2026, la ministra respondió que sí, ya que “técnicamente, el expediente determina que es posible un incremento”. Recalcó que las evidencias presentadas por el Banco de Guatemala (Banguat), el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y otras entidades lo respaldan.

Indicó, no obstante, que en la CNS las posiciones fueron diversas: el sector empleador propuso un ajuste mínimo, mientras que el sector trabajador planteó un incremento del 100%.

La funcionaria comentó que no se puede pasar de un extremo a otro, pero los documentos técnicos dan viabilidad al ajuste.

En relación con los porcentajes sugeridos en las comisiones paritarias, que van del 1% al 12%, dependiendo de la actividad económica y la región, Roquel indicó que un aumento intermedio, como del 6%, sería una posibilidad.

Aclaró que las comisiones paritarias son autónomas, cada integrante plantea su porcentaje, y posteriormente esos datos se elevan a la CNS, donde se analiza técnicamente y se elabora una propuesta. “No es nada aventurado; se basa en evidencia”, recalcó.

Recordó que el año pasado, el Gobierno propuso un 10% de aumento al salario mínimo, debido a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, lo cual fue sustentado técnicamente.

Este año, el Ejecutivo no fijó una postura concreta, pero la documentación presentada ante la CNS sí permite una eventual alza.

Sobre un posible rango de incremento entre 6% y 7%, Roquel consideró que el expediente técnico lo respalda, aunque la decisión final corresponde al presidente.

El expediente se encuentra actualmente en la Procuraduría General de la Nación (PGN). Luego regresará al Mintrab y será trasladado a la Secretaría General antes de llegar al despacho presidencial.

La ministra espera que el documento regrese el próximo lunes al Mintrab, ya que el anuncio del salario mínimo deberá hacerse después del 15 de diciembre y, posiblemente, el 28 de este mes, para cumplir con la publicación antes del 31 de diciembre.

Preocupación del sector empleador

Durante las últimas semanas, diversas cámaras empresariales han manifestado su preocupación por la forma en que se fijará el salario mínimo para el 2026. Solicitan que el proceso se base en criterios técnicos y de productividad.

Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), destacó que los mensajes del sector se enfocan en evitar que se repita el precedente fijado en el 2025, y que se exponen argumentos técnicos sólidos para definir la postura del sector exportador.

La entidad advirtió que el aumento aprobado para el 2025 rompió con la tendencia de los últimos 17 años y temen que para el 2026 ocurra lo mismo.

Carballido señaló que el sector exportador no puede trasladar el incremento salarial al precio final de sus productos, debido a que operan como tomadores de precios en el mercado internacional. Agregó que el costo principal de operación es el pago de salarios y prestaciones. Un aumento discrecional puede afectar la capacidad de las empresas para continuar funcionando.

También advirtió que, al no establecerse una diferenciación territorial en la fijación del salario para el 2025, se observa una desaceleración del empleo formal en ambas circunscripciones.

Además, indicó que un incremento desproporcionado reduce el margen para incentivar la productividad laboral.

Agexport explicó que, entre septiembre y octubre del 2025, se inician las negociaciones de compromisos futuros, antes de fijarse el nuevo salario mínimo.

El sector empresarial suele presupuestar incrementos salariales anuales entre 4% y 5%, pero dentro de márgenes que no comprometan la rentabilidad.

Por su parte, Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), señaló que el presidente Arévalo considera como variables el crecimiento económico y la inflación. Sin embargo, aclaró que el PIB no mide la productividad laboral, la cual debe ser el referente técnico para definir la capacidad de pago sostenible.

Añadió que en países donde se combinan el PIB y la inflación, un aumento del 10% como el aprobado para el 2025, sumado a factores como el deterioro de la infraestructura vial, podría generar un efecto negativo en las fórmulas técnicas.

Tanto el CACIF como la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) han manifestado su preocupación por la pérdida de dinamismo en el empleo formal durante el 2025.

Finalmente, advirtieron que un alza sin sustento técnico podría afectar aún más la competitividad de las empresas.

El Mintrab informó que no cuenta con estadísticas específicas sobre informalidad, aunque, según Roquel, no se ha registrado una baja en la afiliación al IGSS.