Bancadas legislativas cómplices del ilícito, lesivo y abusivo aumento salarial siguen, según ellas, ganando tiempo, para que con el pasar de los meses tal abusivez parezca un “derecho adquirido”. En realidad siguen perdiendo el tiempo y haciéndoselo perder a Guatemala, al rehusarse a efectuar reuniones plenarias extraordinarias, lo cual constituye una desfachatez tras haber cerrado con holganzas el primer período de sesiones con el afán de no dar la cara por su extralimitación, que sigue siendo tan abyecta como en el amanecer de aquel 27 de noviembre.

Sí, sigue siendo una acción artera y anómala tal aprobación nocturna, de último momento, con una enmienda de curul avalada por traidores de la confianza pública y votada por otro combo de oportunistas que hoy por hoy no quieren sesionar, a pesar de múltiples asuntos pendientes del Legislativo. El requerimiento de la Corte de Constitucionalidad de que tal incremento sea votado en el pleno aún no se ha cumplido. Por lo tanto, el aval emitido por la comisión permanente a inicios de año es espurio. Eso sí, la CC no ha emitido ninguna ejecutoria adicional y prácticamente se lavó las manos sobre este tema que golpea el erario.

Ha llegado a tal grado la desfachatez de ciertos integrantes del Legislativo que se jactan de su inasistencia a sesiones o trabajo de comisiones con el argumento de que otros sí llegan pero tampoco hacen nada. Este es el tiempo de que cada distrito elector anote esos nombres, evalúe los resultados tangibles y nunca olvide los sellos partidarios que llevaron a tales personajes a las curules. Algunos ya trazan la fundación de numerosos cascarones electoreros en proceso de autorización o analizan el salto a fichas preexistentes. Ojalá en sus campañas presuman de haber votado a favor del aumento de marras.

Otro de los aspectos que más desnudan el desinterés por el bien común, los conflictos de interés individual y las anomias de prioridades de diputados, bancadas y partidos es la inexistencia de una agenda seria para el segundo período de sesiones y la evidente falta de intención de llegar a consensos. Las comisiones de trabajo se limitan a hacer shows escenificados para redes sociales y que en algunos casos llegan a ser verdaderamente grotescos, como el caso del diputado que increpó a una funcionaria indígena por expresarse en su idioma maya y le exigió que, por “educación”, lo hiciera en español, lo cual podría connotar tintes racistas.

En este momento, el incumplimiento institucional más tangible del Congreso es la incapacidad de integrar pleno para elegir al director titular y suplente de la Superintendencia de Competencia, cuya fecha límite era el 26 de junio; el resto del directorio de esta entidad ya fue designado y la inactividad legislativa tácitamente sabotea el inicio de sus funciones, y eso que la Ley de Competencia fue aprobada de urgencia nacional en noviembre del 2024.

Cada día de plenaria que se pierde es una irresponsabilidad manifiesta y a la vez una forma de fraude, pues todos los congresistas cobran completo el sueldo. Eso sí, la diferencia con el aumento sigue acumulando un saldo que tarde o temprano deberá ser devuelto si no lo aprueban en el pleno. Sin duda alguna, el Presupuesto del 2026 desatará voracidades y reyertas inusitadas a causa de la fragmentación, el velado transfuguismo y también los encargos de financistas pretéritos, presentes o futuros: cabe recordar que el 2026 será año de elegir nueva CC, nuevo TSE y nueva jefatura del Ministerio Público. Eso terminará de retratar de cuerpo completo a la X legislatura, y habrá que cobrárselo en las urnas en el 2027.