El ingreso de electrodomésticos y televisores a las cárceles del país se ha convertido en una práctica común. A pesar de que la Ley del Régimen Penitenciario no lo autoriza, existen tres formas mediante las cuales estos artículos llegan a manos de los reclusos: actos de corrupción que involucran a guardias penitenciarios, autorización directa del director del Sistema Penitenciario (SP) o por órdenes judiciales.

Como parte de un nuevo plan para reducir los índices de criminalidad y homicidios en el país, las autoridades del Ministerio de Gobernación pusieron en marcha operativos que incluyen constantes requisas en las cárceles, con el fin de evitar que los reclusos hagan llamadas telefónicas para extorsionar.

En los operativos se han decomisado televisores, electrodomésticos, consolas de videojuegos y se han evidenciado otras comodidades.

¿A dónde va lo decomisado?

Según explicó el exdirector del Sistema Penitenciario, Eddy Morales, los televisores y electrodomésticos incautados no regresan a los reclusos, sino que pasan al Organismo Judicial (OJ), y luego de un proceso judicial que concluye con una sentencia, son sometidos a subasta pública.

En el caso de las armas decomisadas a los privados de libertad, estas quedan en manos del Ministerio Público y, tras finalizar la investigación, son trasladadas al almacén de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) para su destrucción, ya que no pueden ser reutilizadas.

“Nadie de la PNC o del OJ se puede quedar con lo decomisado, todo debe subastarse o destruirse”, puntualizó.

El ingreso

Morales indica que los aparatos pueden ingresar por medio de los guardias penitenciarios a cambio de beneficios económicos, una modalidad de corrupción que ha trascendido en cada administración carcelaria. Sin embargo, también es posible lograrlo si el abogado del recluso presenta una petición formal a la unidad de rehabilitación de la Dirección General del Sistema Penitenciario o bien, a un juez, para que ordene al director general permitir el ingreso de lo solicitado.

“Esas solicitudes son constantes, principalmente para ingresar televisores y refrigeradores. Es importante mencionar que aunque el juez lo ordene, queda a discreción del director del Sistema Penitenciario permitir esos beneficios”, indica.

El exfuncionario señaló que, si el reo está en situación preventiva, debe acudir al juez que conoce el proceso; si ya recibió sentencia, su abogado debe abocarse al juez de ejecución penal. Sin embargo, refiere que ambas autorizaciones legales despiertan suspicacia, ya que no están estipuladas en las normativas del Sistema Penitenciario, y la mayoría de esos permisos se otorgan sin considerar la conducta de los internos.

“No hay preferencias, se debería tomar en cuenta la buena conducta, pero, aun con buena o sin buena conducta, no debería permitirse”, refiere Morales.

Añadió que, debido a la tardanza en las autorizaciones del SP y del juez, los reos prefieren sobornar a los guardias de seguridad para ingresar todo tipo de objetos.

Vacíos legales

Morales señala que la Ley del Régimen Penitenciario presenta vacíos que permiten el ingreso de objetos como los que se decomisan y evidencian irregularidades en la administración del sistema penitenciario.

Dicha ley establece en el artículo 33 todo lo que se prohíbe ingresar, como las bebidas alcohólicas y los estupefacientes. Sin embargo, no se hace referencia a la prohibición para ingresar electrodomésticos o televisores, lo que, según Morales, sirve como argumento para que abogados y jueces soliciten un permiso para ingresar esos artículos y el juez emita una resolución a favor del privado de libertad.

“El artículo dice que se prohíbe el uso de objetos personales como joyas o análogos, y con esa palabra el juez puede prohibir el permiso, porque un refrigerador o una computadora son análogos”, dice Morales.

Prometen medidas

Por medio de la oficina de Comunicación Social del Sistema Penitenciario, se indicó que, para garantizar que los reos no ingresen más artículos prohibidos ni gocen de comodidades, se continuará con las requisas en los centros de detención y con operativos sorpresa en los controles de acceso durante los días de visita, con el fin de realizar una “revisión meticulosa y profunda de visitantes y encomiendas”.

“Se equipará con tecnología moderna los centros de detención, se colocarán escáneres corporales y bloqueadores de señal, se formará una nueva guardia penitenciaria y se prohibirá a las autoridades de los centros autorizar cualquier ingreso de objetos que supongan algún tipo de privilegio para un privado de libertad”, se indicó.

Sanciones

Los artículos 79, 80 y 81 de dicha ley estipulan las sanciones para los reos que falten al respeto a las autoridades, causen daños a las instalaciones carcelarias mediante motines o ingresen artículos prohibidos. Las sanciones contemplan la restricción de visitas, la suspensión de permisos para llamadas telefónicas y la imposibilidad de optar a una reducción del 10% o 15% de la condena. Sin embargo, a decir del exdirector de presidios, estas no se cumplen.

Pasadas las 16 horas del 7 de junio último, unos 800 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ingresaron en la cárcel de Pavoncito para llevar a cabo una requisa.

En su mayoría, se localizaron estufas, cilindros de gas y refrigeradoras. Aunque los reclusos aseguraron contar con autorización para poseer esos objetos, no habían renovado la documentación correspondiente, por lo que fueron decomisados.

También se localizaron televisores, camas con cabeceras forradas con cuero, cuadros en las paredes, peluches, repisas con pantalones y diversidad de zapatos deportivos. Se descubrieron baños privados, uno de ellos con puerta de vidrio, regadera y azulejos.