Cómo fue el modo de operar en el caso de Juan Francisco Solórzano Foppa y qué fallas de inteligencia deja al descubierto
El asesinato del abogado reabre el debate sobre la capacidad de las instituciones para contener estructuras criminales. Expertos advierten sobre fallas de inteligencia, cuestionan procedimiento policial y señalan la impunidad como un factor que favorece su actuación.
El ataque armado perpetrado a la luz del día contra el abogado y exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa ha reabierto el debate sobre las capacidades reales del Estado guatemalteco para contener al crimen organizado.
Más allá del modo en que los atacantes lo asesinaron, analistas en criminología y seguridad pública coinciden en que este hecho expone dos brechas que siguen siendo críticas en Guatemala: la inoperancia de la inteligencia civil preventiva y la fragilidad de un sistema de seguridad ante la cooptación por intereses políticos y redes ilícitas.
El doctor en criminología Julio Camó, uno de los fundadores y articuladores de la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici), donde laboró más de una década, explicó que la ejecución del atentado evidenció un trabajo previo de planificación, seguimiento de rutinas y estudio de vulnerabilidades por parte de los perpetradores.
Ante este escenario, la respuesta estatal no solo fue incapaz de anticipar el hecho, sino que, a su criterio, puso de manifiesto el debilitamiento institucional.
Camó explicó que, en años anteriores, la inteligencia permitía anticiparse y prevenir hechos en tiempo real y evitar ejecuciones antes de que ocurrieran. Sin embargo, percibe que ahora hay debilitación y que hoy la Policía solo actúa cuando el delito ya se cometió.
“La inteligencia creo que nos ha quedado debiendo… perdieron el sentido totalmente. Nosotros actuábamos antes de que pasaran muchas cosas, teníamos información muchos días antes. En conclusión, hay un fallo estructural en la inteligencia”, señala Camó.
Localización de supuesta arma homicida
Uno de los puntos más críticos señalados en el caso fue la detención y posterior liberación de dos hermanos en la zona 16, a quienes la Policía presentó inicialmente como sospechosos del ataque.
Para Jorge Flores Delta, exdirector del Sistema Penitenciario y catedrático en seguridad pública, este procedimiento fue un claro ejemplo de cómo se buscan “chivos expiatorios” para calmar la presión pública.
Además de investigar la posible participación de agentes, el cuestionamiento debe ser, según su criterio: “¿Quién ordenó la implantación de esa arma de grueso calibre? […] Parece una ejecución que lleva muchos caminos”, cuestiona Flores Delta.
Según su análisis de la escena, el crimen contra Solórzano Foppa lleva la firma del crimen organizado, tras un seguimiento de semanas o meses para estudiar sus vulnerabilidades.
Una de las señales fue la utilización de prendas deportivas o vestimenta de un mismo equipo, que, según explicó, fue una táctica calculada para que los atacantes pasaran desapercibidos en las instalaciones deportivas y eso facilitara su huida por distintas rutas.
Las raíces de un “narcoestado”
Al analizar las causas de fondo que impiden depurar las fuerzas de seguridad, los analistas señalan que el problema trasciende la gestión de un ministro o director de Policía en particular.
Más allá de la actuación de la Policía, Flores Delta sostiene que la inestabilidad y la impunidad sistémica con la que operan las estructuras de sicariatoson síntomas directos de un modelo de gobernanza comprometido con el crimen organizado.
Desde su perspectiva, la penetración del financiamiento ilícito en la política electoral ha llevado a compromisos que debilitan la capacidad punitiva del Estado, ha cooptado la política y la seguridad pública.
“Estamos viviendo actualmente un narcoestado. Así, puede esperarse de todo… Para hacer política aquí usted necesita tener recursos, y si no tiene, se empiezan a hacer alianzas con gente de dudosa procedencia”, afirma el exfuncionario.
Respecto de las actuales autoridades del Ministerio de Gobernación, los analistas coinciden en que, aunque puedan tener buenas intenciones o un perfil académico, carecen del carácter y la fuerza técnica para limpiar una institución infiltrada por mafias internas.
En ese contexto, sobre el anuncio de la compra de cámaras corporales (bodycams) para los agentes, Camó opinó que constituye una forma de responder a una crisis operativa que busca mitigar la reacción de los guatemaltecos sin resolver la deficiencia técnica de fondo.
“Hoy fue el licenciado Solórzano Foppa, pero hace días fue un comerciante o personas que no son populares […] hemos tenido múltiples asesinatos diarios que crean un ambiente de inseguridad”, añadió respecto al impacto e inestabilidad que ha dejado en la ciudad.
De no corregirse estas fallas estructurales, el desgaste de las instituciones de seguridad continuará dejando al Estado en una posición de vulnerabilidad, especialmente ante la cercanía de coyunturas políticas complejas como las próximas elecciones generales de junio del 2027.