Cronología: bloqueos y crisis de movilidad durante el gobierno de Bernardo Arévalo
Las protestas y bloqueos se han convertido en una constante durante la administración del presidente Bernardo Arévalo. En poco más de dos años y medio de gestión, las manifestaciones han provocado el cierre parcial o total de las principales carreteras del país, afectando el transporte de mercancías, el abastecimiento de productos, el acceso a servicios […]
Las protestas y bloqueos se han convertido en una constante durante la administración del presidente Bernardo Arévalo.
En poco más de dos años y medio de gestión, las manifestaciones han provocado el cierre parcial o total de las principales carreteras del país, afectando el transporte de mercancías, el abastecimiento de productos, el acceso a servicios públicos y la movilidad de miles de guatemaltecos.
Las demandas han sido diversas. Mientras algunos sectores han exigido la reparación de carreteras, el cumplimiento de compromisos de desarrollo o mejores condiciones laborales, otros han protestado por decisiones gubernamentales, conflictos universitarios o el incremento en el precio de los combustibles.
En todos los casos, las carreteras nacionales han sido el principal escenario de presión hacia el Ejecutivo. Esto último asociado al mismo mecanismo utilizado durante las protestas de 2023 ante los señalamientos por parte del Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras para demeritar las elecciones que dio el poder al ahora mandatario.
PRINCIPALES BLOQUEOS EN EL GOBIERNO DE ARÉVALO
Pese a la comparativa de acciones realizadas en 2023, los bloqueos realizados durante la gestión de Arévalo se caracterizan por focalizar problemáticas coyunturales, que buscan un diálogo con las autoridades para dar soluciones temporales o inmediatas, entre algunas de ellas se encuentran:
26 de febrero al 1 de marzo de 2024
Comunidades de Alta Verapaz bloquearon la CA-14, la RN-7E y distintas rutas de Cobán, San Pedro Carchá, Chisec y Raxruhá para exigir la reparación de carreteras y puentes. Las medidas concluyeron luego de que el Ministerio de Comunicaciones asumiera compromisos para atender la infraestructura vial.
20 al 24 de mayo de 2024
Comunidades indígenas realizaron cierres en la CA-1 Occidente y carreteras de Quiché, Huehuetenango, Sololá y Alta Verapaz para exigir inversión en infraestructura, agua potable, salud y educación. El Gobierno respondió instalando mesas de diálogo y anunciando proyectos de inversión para las comunidades.
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18 y 19 de febrero de 2025
Recolectores, recicladores y transportistas de residuos bloquearon los accesos al vertedero de la zona 3, el Periférico, las calzadas Aguilar Batres y Roosevelt, la avenida Petapa, así como sectores de Villa Nueva, Mixco, Amatitlán y la CA-9 Sur, en rechazo al reglamento para la clasificación obligatoria de desechos sólidos. Además, también se bloqueo el acceso al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, lo que afectó directamente al aeropuerto La Aurora. Tras las protestas, el Gobierno flexibilizó temporalmente la aplicación de la normativa.
18 al 20 de marzo de 2025
Más de un centenar de puntos fueron bloqueados por motoristas, taxistas, transportistas y automovilistas en rechazo al seguro obligatorio para vehículos. Las protestas afectaron las rutas CA-1, CA-2 y CA-9, además del Periférico, las calzadas Roosevelt y San Juan, la avenida Petapa y carreteras en Escuintla, Quetzaltenango, Cobán, Petén, Zacapa, Chiquimula, Izabal, Jutiapa, Huehuetenango, Totonicapán y Sololá. Como resultado, el Ejecutivo derogó los acuerdos gubernativos que establecían la medida.
28 de abril de 2025
El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) realizó una jornada nacional de bloqueos en Cocales, Cuatro Caminos, El Rancho, Río Hondo, La Ruidosa, Tecún Umán y Chiquimulilla, además de distintos tramos de las rutas CA-1, CA-2 y CA-9, para exigir demandas agrarias, rechazar desalojos y plantear diversas peticiones políticas.
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19 de mayo al 21 de julio de 2025
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) mantuvo un paro nacional para exigir la negociación del pacto colectivo y rechazar decisiones del Ministerio de Educación, afectando el funcionamiento de centros educativos en todo el país.
26 de mayo al 21 de julio de 2025
De forma paralela, el STEG instaló un campamento permanente en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura, el Portal del Comercio y la 6.ª avenida de la zona 1, como medida de presión durante las negociaciones con el Ejecutivo. El campamento fue retirado posteriormente tras resoluciones judiciales y operativos de la Policía Nacional Civil.
10, 11 y 14 de julio de 2025
El sindicato magisterial realizó tres jornadas consecutivas de bloqueos que afectaron la calzada Roosevelt, Villa Lobos, El Trébol, Cocales, Cuatro Caminos, Puerto Barrios, Puerto Mundo Maya, Chiquimula, Jutiapa y otros puntos estratégicos del país. Posteriormente sustituyó los cierres por caminatas y caravanas hacia la capital.
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6 y 7 de agosto de 2025
Sindicatos del Ministerio de Salud realizaron protestas en el Hospital Roosevelt, Hospital General San Juan de Dios, hospitales regionales y rutas en Zacapa y Petén para exigir el pago de salarios, prestaciones y el cumplimiento del pacto colectivo.
3 y 4 de septiembre de 2025
Trabajadores del Ministerio de Salud efectuaron una segunda jornada de manifestaciones en hospitales nacionales y departamentales por las mismas demandas laborales.
15 y 16 de octubre de 2025
Asociaciones de veteranos militares bloquearon sectores cercanos al Congreso de la República, Casa Presidencial, la Ruta al Atlántico, además de carreteras en Petén, Zacapa, Puerto Barrios y Jutiapa para exigir el pago de compensaciones económicas.
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11 al 13 de noviembre de 2025
Comunidades de Alta Verapaz volvieron a bloquear la CA-14 y rutas en Cobán, San Pedro Carchá, Chisec, Raxruhá y Fray Bartolomé de las Casas para exigir el mantenimiento de la infraestructura vial.
17 al 19 de marzo de 2026
Transportistas realizaron bloqueos en las rutas CA-1 Occidente, CA-1 Oriente, CA-2 Occidente, CA-2 Oriente, CA-9 Norte, CA-9 Sur, además de Palín-Escuintla, El Rancho, Cuatro Caminos, Puerto Quetzal y Puerto Barrios, en protesta por el precio del combustible y la implementación de limitadores de velocidad.
22 de abril de 2026
El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) y otras organizaciones sociales realizaron bloqueos en el Centro Histórico, la Universidad de San Carlos, Cocales, Cuatro Caminos, la CA-1 Occidente y otras rutas del occidente del país para exigir respuestas a demandas políticas, sociales y relacionadas con el conflicto universitario.
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21, 22, 23 y 24 de julio de 2026
Derivado del alza de combustibles, sectores civiles realizaron protestas en puntos como la Avenida Petapa, Calzada Atanasio Tzul, Ciudad Real, San Miguel Petapa, Villa Canales, así como en diferentes departamentos, bloqueando el paso por ciertas horas, a modo de descontento por las medidas.
Asociaciones de taxistas, pilotos de taxi y mototaxistas notificaron a la Gobernación Departamental de Guatemala una jornada de movilizaciones hacia el Congreso de la República para exigir medidas frente al incremento en el precio de los combustibles. Los puntos de concentración fueron establecidos en Molino de las Flores, en Mixco, y la 40 calle y avenida Bolívar, zona 8, con recorridos que afectarían los principales ingresos hacia el Centro Histórico.
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IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL
Las distintas jornadas de bloqueos han provocado retrasos en el transporte de mercancías, interrupciones en las cadenas de suministro, pérdidas económicas para distintos sectores productivos y complicaciones para el traslado de pacientes, estudiantes y trabajadores.
Cámaras empresariales han advertido que el cierre de corredores estratégicos incrementa los costos logísticos y afecta especialmente el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y productos de exportación.
A nivel ciudadano, las manifestaciones también han generado congestionamientos de varias horas, suspensión del transporte público y dificultades para acceder a servicios esenciales.
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POSTURA ANTE MANIFESTACIONES
El presidente Bernardo Arévalo ha sostenido que el derecho a la manifestación está garantizado por la Constitución, pero también ha señalado que el Estado tiene la obligación de proteger el derecho a la libre locomoción.
Ante las distintas crisis, el Ejecutivo ha privilegiado la instalación de mesas de diálogo con los sectores inconformes antes de recurrir al uso de la fuerza para liberar carreteras.
No obstante, en aquellos casos en que los bloqueos han puesto en riesgo el abastecimiento o la prestación de servicios esenciales, las autoridades también han coordinado acciones con la Policía Nacional Civil y otras instituciones para restablecer la circulación.
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