Si, hipotéticamente, un comando armado de cualquier agencia de seguridad estadounidense ingresara 20 metros sobre territorio de México en una persecución no autorizada, sería motivo de airada protesta por parte del gobierno de este país. Más aún si tal incursión se efectuara bajo fuego de alto calibre. Pero esto fue lo que sucedió el domingo 8 de junio último, cuando comandos Pakal de las fuerzas de seguridad mexicanas se enfrentaron a balazos, durante 12 minutos, dentro de territorio guatemalteco, contra presuntos sicarios del cartel denominado Chiapas-Guatemala.

La reacción de agentes de la Policía Nacional Civil y del Ejército guatemalteco, al menos en el video, parece bastante pasiva, o sin mayor capacidad de reacción. Quizás estaban a la espera de órdenes, de coordinación con autoridades superiores, quizás no sabían lo que estaba ocurriendo o quizá sí. El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, del partido gobernante Morena, se apresuró a afirmar una posible colusión de agentes policiales fronterizos guatemaltecos con narcos. El Gobierno de Guatemala aseguró ayer que la frontera está bajo control y bajo seguimiento de “las autoridades de Guatemala y México”. Advirtió de que no se tolerará la “vulneración de las fronteras”. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su parte, deploró ayer la incursión mexicana en territorio guatemalteco. “No está bien”, dijo.

El enfrentamiento del domingo se debió a una persecución en contra de Baldemar Calderón Carrillo, guatemalteco, señalado de ser supuesto financista del cartel Chiapas-Guatemala y quien habría perecido en la refriega.

Calderón Carrillo es señalado por autoridades de Chiapas como el presunto responsable de haber masacrado a cinco policías del Estado, el 3 de junio último, en la localidad mexicana de Comalapa, a 26 kilómetros de la frontera. Días antes, el 25 de mayo, un comandante de la Fuerza Pakal, en Chiapas, de nombre José Carlos Lemus, fue relevado por orden del Gobernador, debido a señalamientos de corrupción y de vínculos con el crimen organizado.

El Ministerio de la Defensa de Guatemala anunció la activación del plan llamado Cinturón de Fuego, aunque esta operación fue publicitada desde marzo pasado, por lo cual, tras las peligrosas y violentas circunstancias ya descritas, cabe cuestionar por qué no estaba activo el plan, sobre todo en una región tan crítica, estratégica, de constante paso de personas, mercancías y transportes, lo cual incluye el posible trasiego de sustancias o mercancías ilícitas, así como de integrantes de grupos de crimen organizado.

Por otra parte, cabe señalar que, al menos desde marzo del 2025, Calderón Carrillo figuraba en la lista de los cien más buscados por las autoridades de seguridad del país, con grandes posibilidades de que se encontrase en territorio mexicano, al igual que otros compinches.

Más cuestionamientos: ¿existe una efectiva cooperación entre las autoridades de seguridad de ambos Estados? ¿Como se coordina la información o la comunicación de operativos para evitar situaciones como la del domingo? Por milagro no hubo bajas civiles. Según la fiscalía de Chiapas, hay cuatro delincuentes muertos. No se trata de que se divulguen públicamente los planes de seguridad pública y nacional en un área tan sensible o que se delaten nombres y cargos de funcionarios, pero sí se debe investigar qué protocolos se debían seguir en una situación como esta. ¿Quiénes están a cargo? ¿Y qué hacía allí un vehículo de un contratista edil de Chiquimula?