El Congreso de la República de Guatemala le debe mucho a la ciudadanía. Lo que parecía ser una nueva legislatura, con rostros distintos y promesas de transparencia, se ha convertido en más de lo mismo: discursos vacíos, luchas internas por el poder y decisiones que solo benefician a los propios diputados. Otra vez, la esperanza de cambio fue traicionada.

Uno de los ejemplos más vergonzosos fue el intento de aumentarse el salario. A finales del 2024, en una jugada rápida y silenciosa, 87 diputados aprobaron una enmienda para incrementarse el sueldo a un monto que redondeaba los Q66 mil mensuales, equiparándolo al de magistrados de Corte de Apelaciones. Además, se otorgaron beneficios como indemnización y prestaciones, como si fueran empleados permanentes del Estado, cuando en realidad su cargo es temporal y electo. Aunque después, presionados por la indignación ciudadana, algunos buscaron bajarse el salario, el acuerdo que lo autorizó no fue derogado de inmediato. La jugada fue clara: probar suerte y, si nadie decía nada, quedarse con el aumento.

Este acto no fue un error aislado. El Congreso no ha logrado construir una agenda legislativa a la altura de las necesidades del país. La mayoría de las iniciativas que avanzan responden a intereses particulares o están marcadas por el estancamiento. No hay acuerdos mínimos para aprobar leyes que verdaderamente mejoren la vida de la gente. Tenemos un Congreso fragmentado, sin liderazgo real, donde los partidos pelean por cuotas, pero olvidan que están ahí para representar y servir.

Y esa falta de liderazgo ya se siente en la calle. La ausencia de diputados con autoridad moral y compromiso social ha generado un vacío de representación. Hoy, muchas comunidades y sectores sociales ya no ven al Congreso como un espacio de diálogo. Por eso recurren a los bloqueos y la presión social como única forma de ser escuchados. El diputado, que debería ser un puente entre el pueblo y el Estado, se ha convertido en un espectador más. Ya no media, ya no escucha, ya no propone. Solo responde a intereses de grupo, de partido o personales.

Según datos oficiales, en el primer año de esta legislatura apenas se han aprobado 23 decretos, la mayoría de ellos de carácter administrativo o técnico. Temas cruciales como el combate a la corrupción, la seguridad ciudadana, la reactivación económica o la mejora de servicios básicos siguen sin respuestas claras. Las comisiones legislativas trabajan con lentitud, las agendas están marcadas por prioridades partidarias, y el pueblo sigue esperando.

Mientras tanto, los problemas reales crecen: la inseguridad no cede, el desempleo sigue golpeando a miles de familias, los hospitales públicos colapsan y el sistema educativo sigue abandonado. Frente a esta realidad, ¿dónde está la voz firme del Congreso? ¿Dónde están los proyectos de ley que realmente transformen vidas?

El Congreso tiene una deuda pendiente con el pueblo. Y no es solo una deuda legislativa, es una deuda ética, moral y política. Si los diputados no están dispuestos a ejercer su papel con responsabilidad, es momento de que la ciudadanía los empiece a exigir con más fuerza. Guatemala no puede seguir atrapada entre los mismos vicios de siempre.

La gente quiere cambios. Y si los actuales diputados no lo entienden, vendrán nuevos liderazgos que sí escuchen, sí propongan y sí actúen con valentía. La democracia no se defiende con discursos bonitos, se defiende con resultados, con integridad y con compromiso. Hoy más que nunca, Guatemala necesita representantes, no beneficiarios del sistema.

Invito a la ciudadanía a que no desista de exigir, de hacer auditoría social y de unirse a iniciativas civiles que representen los verdaderos intereses de los guatemaltecos. ¡No nos dejemos llevar por la inercia!