María Fernanda Bonilla Archila fue condenada al pago de Q12 mil 273.28 como parte de una reparación digna al Estado de Guatemala, luego de haber aceptado cargos por el uso de un teléfono celular dentro del centro de detención en Zacapa.

Este caso, que se remonta a una transmisión en redes sociales realizada desde prisión en el 2022, fue conocido en una audiencia reciente en Chiquimula, donde también participó la Procuraduría General de la Nación (PGN) en calidad de parte agraviada.

Aunque este proceso ha tenido avances, el juicio por la muerte de Melisa Palacios, en el que también está implicada Bonilla, continúa sin resolverse.

Delito y sanción

El caso se remonta a enero del 2022, cuando Bonilla realizó una transmisión en redes sociales desde la cárcel de Zacapa, haciendo uso de un dispositivo móvil, a pesar de su prohibición en centros penitenciarios de Guatemala.

De acuerdo con el artículo 26 de la Ley contra el Crimen Organizado, el uso de teléfonos celulares o dispositivos electrónicos dentro de una prisión constituye un delito penado con prisión de seis a diez años.

Sin embargo, al haberse acogido al procedimiento especial de aceptación de cargos, Bonilla podría beneficiarse con una condena reducida.

PGN exige reparación económica

Durante la audiencia celebrada el 7 de abril del 2025, Bonilla, a través de su defensa, solicitó acogerse a este procedimiento abreviado.

Con esto, la PGN, en su rol de representante del Estado como víctima, solicitó este lunes 14 de abril del 2024 una reparación económica por Q12 mil 273.28, monto que fue aceptado por el juzgado competente de Chiquimula.

Actuar como parte agraviada permite a la PGN intervenir en procesos judiciales en los que el Estado ha sufrido un daño directo por un hecho ilícito, como ocurrió en este caso.

Caso Melisa Palacios: el proceso sigue sin avances

A pesar del avance en el proceso por el uso del celular, el caso por la muerte de Palacios aún no ha sido resuelto por los tribunales.

La investigación del Ministerio Público (MP) señala que Bonilla y su guardaespaldas, José Luis Marroquín Ovalle, habrían participado en el asesinato de Palacios el 5 de julio del 2021.

Inicialmente, el caso fue presentado como asesinato, pero el juez José Maximino Morales González modificó la acusación a homicidio en estado de emoción violenta, luego de excluir algunas pruebas clave presentadas por el MP.

Todavía no hay fecha de audiencia, por el caso del asesinato de Melisa Palacios debido a que está pendiente de que la CSJ resuelta un amparo interpuesto por el MP.

Solicitudes para trasladar el caso a un juzgado de Mayor Riesgo

Desde inicios del 2024, el Instituto de la Víctima ha solicitado que el caso sea conocido por un Juzgado de Mayor Riesgo en la Ciudad de Guatemala, argumentando la existencia de peligros procesales y tensiones locales que podrían afectar la imparcialidad del juicio. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha rechazado en dos ocasiones la solicitud, al considerar que el tipo penal actual no lo justifica.

El último rechazo fue pasado 10 de abril, cuando los magistrados de la CSJ volvieron a denegar un amparo provisional solicitado por el Instituto de la Víctima, que buscaba separar a los jueces del Juzgado de Chiquimula por presuntas dudas sobre su independencia.

Actualmente, las autoridades resolvieron que la continuidad del juez Juan José Regalado a cargo para que pueda celebrarse la audiencia de etapa intermedia, donde se definirá si el caso avanza a juicio oral y bajo qué calificación penal.

Convocan a marcha por justicia

En medio de la falta de avances en el proceso judicial, familiares y amigos de Melisa Palacios convocaron a una marcha ciudadanapara exigir justicia y el traslado del caso a un juzgado con mayores garantías procesales.

La manifestación se realizará el sábado 4 de mayo, iniciando a las 7.30 de la mañana en la Plaza El Obelisco y concluyendo frente a la Corte Suprema de Justicia.

Los organizadores invitan a los asistentes a vestir de morado como símbolo de apoyo a la víctima y a la exigencia de justicia.